"Lo expuesto haría factible que los hechos fueran subsumibles en un delito de prevaricación administrativa". Eso es lo que concluye el informe que encargó el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, para analizar las "responsabilidades penales" en las que podrían incurrir los miembros del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, en caso de aprobarse y ejecutarse el acuerdo que salió adelante en el último Pleno del Cabildo a instancias de la oposición.
Ya en aquella sesión plenaria, San Ginés adelantó que no tenía intención de ejecutar ese acuerdo, que fue el que permitió poner fin a la huelga en los CACT, a la espera de que se materializara. Y también habló de la posible comisión de delitos por parte de quienes lo aprobaran y ejecutaran. Después anunció que solicitaría un informe, que finalmente encargo al despacho privado Afonso Abogados, y que ha hecho público este jueves.
El dictamen, firmado en Las Palmas de Gran Canaria por la abogada Noelia Afonso Marrero, comienza analizando la "naturaleza de los CACT", concluyendo que son un ente público; la "condición de los miembros de la EPEL", concluyendo que son autoridades funcionarios públicos; y los "tipos delictivos" en los que "podrían incurrir", que son los mismos a los que ya hizo referencia Pedro San Ginés en aquel pleno, es decir, prevaricación y malversación.
Y para concluir que sí "podrían" darse esos delitos hace referencia a los tres informes que llevó el presidente a aquel Pleno, uno de Recursos Humanos, otro de la "asesoría jurídica" del Cabildo y un tercero de la interventora, señalando que son "desfavorables". Sin analizar el contenido del acuerdo, y basándose en esos informes, la abogada concluye así que tres de los puntos "no se ajustan a la legalidad vigente" y que por tanto el acuerdo sería "nulo de pleno derecho". Al respecto, cabe recordar que todos los partidos de la oposición coinciden en que el informe que les "vincula", que es el de la interventora, no dice que sea "desfavorable".
Por su parte, el informe encargado por San Ginés a Afonso Abogados señala en sus conclusiones que los miembros del Consejo de Administración que voten a favor de ese acuerdo "podrían incurrir en un delito de prevaricación". Y a esto añade que "concurriría el tipo delictivo de malversación de caudales públicos si, además, quienes han votado en el Consejo favorablemente al acuerdo manifiestamente arbitrario, ostentan poder de disposición del patrimonio de la entidad, de tal manera que el caudal público pueda salir de la EPEL por la decisión (firma) del funcionario que tiene la capacidad de ordenar gastos e inversiones".
Al hacer público el informe, San Ginés ha enviado un comunicado señalando que, "pese a todo", muestra su "confianza en que al Partido Socialista no le temblará el pulso a la hora de que su representante en el Consejo asuma la materialización del acuerdo que han promovido y prometido a los trabajadores de los Centros".
