La posibilidad de realizar cambios en el Planeamiento para permitir la regularización requerirá de mecanismos que satisfagan el interés público insular

El informe del Cabildo concluye que todos los establecimientos con licencias anuladas son ilegalizables por la vía ordinaria

{{El informe completo con el detalle de las irregularidades de cada hotel puede consultarse en la página web: [www.legalidadurbanistica.org->www.legalidadurbanistica.org]}}

7 de noviembre de 2008 (18:10 CET)
El informe del Cabildo concluye que todos los establecimientos con licencias anuladas son ilegalizables por la vía ordinaria
El informe del Cabildo concluye que todos los establecimientos con licencias anuladas son ilegalizables por la vía ordinaria

Según el informe elaborado por la oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) del Cabildo de Lanzarote sobre los efectos de las sentencias que anulan licencias turísticas en Teguise y Yaiza, todos los establecimientos afectados son ilegalizables por la vía ordinaria.

A la luz del análisis, caso por caso, de las sentencias judiciales, la totalidad de los hoteles y apartamentos cuyas licencias fueron recurridas por el Cabildo carece de informe de compatibilidad con el PIOT. Además, en el supuesto de que éste fuera solicitado, sería negativo. Esta es la razón por la que sólo mediante la modificación del planeamiento insular, una medida de carácter extraordinario, sería posible la ejecución de las sentencias y la posible regularización de la planta turística ilegal.

El trabajo fue presentado en la mañana de este viernes en el seno del Consejo de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, órgano de participación que cuenta entre sus miembros con portavoces de los partidos políticos con representación en el Cabildo, sindicatos, empresariado, universidades canarias, Gobierno regional, Ministerio de Medio Ambiente y colectivos ciudadanos.

Según explicaron los técnicos de la Oficina del PIOT, el informe ha constatado que, además del PIOT, se conculcan otras leyes del ámbito regional, como la Ley de Medidas Urgentes, la Ley de Directrices y la Ley de Turismo, el planeamiento municipal y las normas de los propios planes parciales.

De ello se deriva que la posibilidad de valorar una solución dentro de la Ley para estos inmuebles pasa por el concurso de varias administraciones, que deberán estudiar vías extraordinarias para la restitución del orden vulnerado, que satisfagan el interés público insular. Según la jurisprudencia, sólo bajo el precepto del interés general aceptarán los Tribunales cambios en el planeamiento que permitan ejecutar las sentencias y legalizar algunos de los establecimientos que hoy operan sin licencia. Sin esta condición cualquier modificación del ordenamiento sería nula de pleno derecho.

A la vista de esta situación, y con el fin de ejecutar las sentencias, que instan todas ellas a legalizar las infraestructuras o a proceder a la demolición, el Cabildo estudiará la posibilidad de realizar cambios en el planeamiento. Las medidas, encaminadas a reducir el techo de plazas, mejorar los equipamientos y cualificar la oferta turística, tal y como mandata el PIOT, tendrían como efecto colateral la legalización de algunos de los establecimientos que hoy operan sin licencia.

Al margen de las actuaciones que lleve a cabo la Corporación, las administraciones regional y municipal deberán participar en el estudio de cada caso, puesto que en la mayoría de los expedientes se han constatado incumplimientos a normas de su competencia.

En cualquier caso, el informe aclara que no cabrán vías extraordinarias de legalización para aquellos establecimientos que incumplan los criterios básicos de utilización del suelo por no adaptarse al ambiente en que se sitúa, "limitando el campo visual de las bellezas naturales, rompiendo la armonía del paisaje o desfigurando la perspectiva propia del mismo", ni tampoco aquellos que cometan infracciones de normas determinantes del Plan Parcial.

Casos concretos

Dentro de la exposición del informe, los ponentes han citado cuatro ejemplos entre los que destaca el caso del Hotel Papagayo Arena, incluido dentro del Plan Parcial de "Las Coloradas", que vio anulada su licencia el 18 de julio de 2007. En este caso, además de incumplir el PIOT, la revisión 2000, el Plan Parcialy la autorización turística, incumple la altura y el número de plantas, además de las condiciones de edificabilidad, invade una vía peatonal de acceso al mar e incumple los retranqueos a los linderos.

Otro de los ejemplos ha sido el de el Hotel Meliá Volcán, incluido dentro del Plan Parcial Castillo del Águila. Así, entre los motivos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para declararlo ilegal se cuentan la omisión del informe previo, preceptivo y vinculante de compatibilidad con el Plan Insular y la omisión del informe jurídico municipal, pero también supera en plazas y duplica, por sí sola, la programación total aplicable al decenio en dicho Plan Parcial.

En cuanto al caso del hotel Princesa Yaiza, incluido dentro del Plan Parcial Costa Papagayo, además de no ser compatible con ninguna de las normativas desde el Plan Insular hasta la autorización turística, la obra ejecutada tiene un total de cinco plantas (tres sobre rasante y dos bajo rasante), incumpliendo el número máximo de plantas, tal como ya advertía un informe técnico municipal de 1998. Además, cuando se concedió la licencia para 705 plazas, se superaron no sólo los límites programados, sino también el techo alojativo turístico que el PIOT asigna a ese Plan Parcial.

De los casos en Costa Teguise, los Apartamentos Club del Rey, cuyas obras están paralizadas por medidas cautelares, vulneran el acuerdo del Cabildo de suspensión de licencias de la revisión del PIOT aprobada en el 2000. Además, otros motivos para su anulación fueron la omisión del informe previo, el de compatibilidad con el PIOT y omisión del informe jurídico municipal.

Reunión con Berriel

Tras la presentación técnica del diagnóstico de situación de cada uno de los hoteles cuya licencia ha sido anulada por los Tribunales de Justicia, la presidenta Manuela Armas manifestó su intención de avanzar en fórmulas encaminadas a la regularización de la planta turística, siempre que el nivel de incumplimientos lo permita en cada caso, y vía compensaciones al interés turístico general. También insistió en que "no se trata de comprar la legalidad sino de beneficiar al interés general y restituir el principio de igualdad".

Además, la presidenta adelantó que ha solicitado al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, una reunión con técnicos y juristas de ambas Administraciones. El objetivo es darles a conocer el documento de diagnóstico de la planta alojativa con licencias anuladas, con el fin de valorar las posibles vías para gestionar la situación.

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