Por muchos artículos que tenga el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, los partidos nacionalistas con representación en el Parlamento regional tienen claro que el meollo del asunto es hasta qué punto el Estado puede o está dispuesto a transferir competencias a la Comunidad Autónoma.
El parlamentario del grupo Mixto-PIL Celso Betancor, quien por estos días hace un repaso al articulado de la reforma del Estatuto junto a otros diputados, sostiene que son fundamentales las transferencias en puertos y aeropuertos y control de las aguas e inmigración, entre otros temas. En definitiva, los nacionalistas quieren mayores cuotas de autogobierno y transferencias, por ello, están muy pendientes del Estatuto de Cataluña y las concesiones que pudiera hacer el Estado a esa Comunidad Autónoma para en esa medida también exigir desde el Archipiélago.
Betancor dijo que la discusión actual está ceñida a que las competencias que son prácticamente imposibles de transferir pudiesen ser otorgadas a través de una ley orgánica, sin embargo, el grupo Mixto - PIL es partidario de una reforma pura y dura del Estatuto para calibrar hasta dónde el Estado puede conceder. "Lo que tenemos claro es que la política exterior y de defensa es una política de Estado", comentó Betancor, quien admitió que en los temas "fuertes" es difícil que nacionalistas y formaciones de ámbito estatal puedan ponerse de acuerdo.
Asuntos de consenso
El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias recogerá, como uno de sus principios rectores, el derecho de los canarios a una renta garantizada de ciudadanía con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, tras el consenso alcanzado por los miembros de la ponencia parlamentaria que tramita la reforma del texto estatutario.
Así lo explicó ayer el portavoz del grupo parlamentario socialista, Francisco Hernández Spínola, al término de la reunión en la que se analizó un documento presentado la pasada semana por el PSOE y en el que se incluye un nuevo apartado en el artículo 5 que recoge el nuevo derecho.
Concretamente, el texto señala que la Comunidad Autónoma de Canarias reconoce a las personas "en estado de necesidad", que gocen de la condición política de canarios, el derecho a una renta garantizada de ciudadanía que, regulada por Ley del Parlamento de Canarias, tendrá como fin combatir la pobreza y facilitar la inserción social.
Los integrantes de la ponencia también acordaron incluir otro apartado en el mismo artículo en el que se hace una apuesta por la igualdad de género y por el que se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas. Además, especifica que los poderes públicos garantizarán la igualdad entre mujeres y hombres en materias de derechos sociales como el empleo, la promoción, la retribución salarial, la cultura, la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda. El mes de julio no suelen haber sesiones plenarias del Parlamento, pero el tiempo estival está siendo utilizado para el análisis del Estatuto de Autonomía.
