El grupo de Gobierno de Yaiza, formado por el PIL y Coalición Canaria, y el partido insularista en el Ayuntamiento de Teguise han criticado las declaraciones que el consejero socialista, Carlos Espino, ha hecho al diario nacional El País en el reportaje sobre la situación de los hoteles ilegales en Lanzarote, que este lunes ocupaba la portada del medio. Sin bien no nombran al consejero, han mostrado su "rechazo y disconformidad tanto con el contenido como con las declaraciones vertidas", que son exclusivamente de Espino. Unas declaraciones en las que el ex consejero de Política Territorial y actual responsable de los Centros Turísticos advertía que "no habrá una amnistía" y que "derribaremos lo que haya que tirar", aunque matizaba que "los complejos que puedan ser legalizables serán legalizados si a cambio los dueños renuncian a construir en suelo de su propiedad o nos lo ceden".
Desde las dos Corporaciones han remitido una nota de prensa en la que cuestionan "la irresponsabilidad de los representantes institucionales que utilizan de forma política determinadas resoluciones judiciales", pero en el caso de Teguise, el Partido Socialista, que también forma parte del grupo de Gobierno, no ha suscrito la valoración del PIL, según Noelia Umpiérrez, porque ha sido una "iniciativa particular" de la formación política y no de la Institución.
En ambos comunicados, destacan el perjuicio que consideran que este tipo de informaciones causan a la "imagen exterior" de Lanzarote y censuran además el paralelismo que hace el redactor de la noticia entre la situación urbanística de la isla y la de Marbella. "En ningún caso se asemeja a la sufrida en destinos turísticos de la península como Marbella", recogen las notas de prensa.
El reportaje daba cuenta de 22 licencias de hoteles de lujo que, tras ser recurridas por el Cabildo y la Fundación César Manrique, han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por su parte, el PIL de Teguise asegura además que las licencias en "su mayoría han sido anuladas por defectos de forma en la tramitación de las mismas, y no por incumplir la normativa urbanística vigente" y añade, como el grupo de Gobierno de Yaiza, que en los dos municipios están intentando "reconducir mediante acuerdos" la situación de los establecimientos hoteleros que han quedado fuera de la legalidad, para evitar el derribo al que se refiere la noticia de El País.
