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Así lo anunció este viernes la consejera, Marisa Tejedor, que compareció en comisión parlamentaria a petición propia para informar sobre esta investigación, que concluye que la información supuestamente enviada desde una cuenta de correo electrónico de esta dirección general no tiene entidad suficiente para afectar la validez de la convocatoria.
Asimismo, apunta que, desde el punto de vista administrativo, no se ha advertido la participación de otras personas vinculadas actualmente a la Consejería, ni la existencia de otras circunstancias susceptibles de medida disciplinaria alguna por parte de la Administración.
Sobre la filtración de las bases del concurso, Tejedor indicó que el borrador presuntamente enviado no contenía información fidedigna de las bases definitivas, ya que al comparar ambos textos se constataron "sustanciales diferencias" con respecto a las condiciones definitivas, en aspectos como documentación, los plazos y a los procedimientos de valoración.
"Por ello, no se puede concluir que contar de esta información antes de la publicación de la convocatoria definitiva aportase ventaja alguna", sentenció la consejera, quien indicó que el conocimiento del borrador de las bases formalmente no implica la invalidez de la convocatoria. Al tiempo, indicó que en muchas ocasiones se discute y acuerdan los borradores de las bases de concursos con los sectores implicados y recordó que en este caso, un mes antes de la convocatoria, la Consejería discutió con representantes de todos los cabildos.
Respecto a la información sobre los terrenos, la investigación concluye que "no puede deducirse las ventajas que reportaba tener esta información ni que finalidad u objetivo se perseguía con su tramitación", ya que esta información es de libre difusión y está disponible en la web del Gobierno regional desde antes de 2004. También indica que es pública la información sobre suelo apto para parques eólicos y se puede acceder a través de los planeamientos y los registros de la propiedad.
Por todo ello, la Consejería ha decido mantener viva la tramitación del concurso público, a expensas de las resoluciones judiciales que se puedan derivar de la denuncia presentada por Alberto Andrés Santana, que califica los hechos como presuntamente constitutivos de delito con responsabilidad penal y que ha elevado el caso ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de tráfico de influencias.
Al respecto, el informe concluye la Consejería debe abstenerse de calificar los hechos delictivos y ponerlos en conocimiento de los tribunales. Tejedor apuntó que en su momento la denuncia fue remitida al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ayer confirmó que ha sido archivada al encontrarse en trámites de diligencia previa en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
Tejedor, que insistió en el carácter administrativo de la investigación iniciada en julio a petición de la Cámara regional, indicó que en la denuncia se adjuntan copias de cinco correos electrónicos, tres de ellos supuestamente enviados desde la cuenta de correo electrónico del ex director general.
La consejera indicó que no se ha podido comprobar la existencia formal de esos correos en los servidores del Gobierno regional, ya que el protocolo de almacenamiento de copias de seguridad aplicado en las cuentas de correo del gobierno se limita a los últimos tres meses.
No obstante, la investigación comparó la copia del borrador de las bases de la convocatoria pública adjuntada en uno de esos tres correos, enviado en agosto de 2004 y recogido en la denuncia, y concluyó que el contenido presenta "numerosos cambios" con respecto a las bases finalmente aprobadas y publicadas.
En el proceso de investigación, también solicitó la comparecencia del denunciante, quien ratificó los términos de la denuncia y aseguró que no tiene conocimiento de que otras personas vinculadas a la Consejería hayan participado en los hechos denunciados. Asimismo, también se invitó al ex director general a analizar la denuncia presentada, que solicitó por escrito la documentación que pudiese afectar a sus intereses.
Reacciones encontradas
La decisión de la Consejería provocó reacciones encontradas en los grupos del Partido Popular (PP) y Socialista (PSOE), ya que mientras el primero expresó su satisfacción por la decisión "muy positiva" de no paralizar el concurso, el PSOE manifestó su extrañeza y anunció que no descarta nuevas acciones parlamentarias una vez analice el informe presentado ayer por la consejera.
La diputada socialista, Gloria Gutiérrez, advirtió a la consejera de que será responsable de lo que suceda con este concurso en el futuro y diferenció entre debatir el borrador de las bases con los sectores e instituciones implicados y compartir las bases a terceras personas, un acto que recordó está tipificado por el código penal.
Gutiérrez además consideró más idóneo que la investigación fuera realizada por la Inspección General de Servicios del Gobierno regional en lugar de la Secretaría General Técnica del departamento autónomico, para aportar más transparencia al proceso y evitar que se fuera "juez y parte".
El portavoz del grupo Popular (PP), Jorge Rodríguez, se congratuló de que la Consejería no se haya caído "en la provocación" de las denuncia de este concurso, que vinculó a que el PSOE tiene "rencor, odio y muchas ganas de hacer daño al PP".
En esta línea, indicó que la iniciativa "obedecía más a una rabieta o a esa sospecha de que todos somos sospechosos" y aseguró que está "impregnada de partidismo y demagogia", al tiempo que acusó al PSOE "de empozoñar y enturbiar la vida política canaria".
Agencia Canaria de la Energía
Por otro lado, Tejedor, esperó que la Agencia Canaria de la Energía "sea una realidad" en el primer semestre de 2006 y se comprometió a presentar a principios del próximo año en la Cámara regional el nuevo Plan de Eléctrico de Canarias (PECAN), cuya redacción técnica aseguró se encuentra muy avanzada. Reconoció que se ha producido un retraso en la creación de este instrumento, previsto en el PECAN de 2002 y que inicialmente se preveía crear como una sociedad mercantil de titularidad pública.
La consejera vinculó el retraso en la creación de este órgano a la necesidad de cambiar su naturaleza jurídica tras la aprobación del Plan de Racionalización acordado por el Gobierno regional y que persigue la reducción del número de empresas públicas.
Tejedor indicó que inicialmente se estudio la posibilidad de integrarla como un departamento dentro del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), pero esto no fue posible por problemas derivados del convenio colectivo e indicó que actualmente se estudia la posibilidad de crearla como organismo autónomo o como órgano dentro de la propia Consejería.
En cualquier caso, precisó que esta disposición no va a afectar a las funciones asignadas a la Agencia Canaria de la Energía y que esta el momento han sido desarrolladas por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y para las que se han utilizado las partidas presupuestarias consignadas para la creación de la Agencia.
Tejedor indicó que, entre las funciones, la Agencia se encargará de ofertar propuestas técnicas, aspectos relativos a la buena gestión de recursos y uso racional de energía, elaborar informes y asesoramiento al Gobierno y a empresas del sector o la realización de campañas informativas y divulgativas dirigidas a los usuarios.
La consejera además reiteró que desde su entrada hace unos meses en la Consejería -tras la ruptura del pacto CC-PP- se ha procedido a impulsar la revisión y actualización del nuevo PECAN, que esperó pueda estar concluido a principios de 2006 y con tiempo suficiente para completar su tramitación en la Cámara regional y evitar situaciones como el de 2002 que decayó sin pasar por el Parlamento.
Todos los grupos parlamentarios valoraron la puesta en marcha de la Agencia Canaria de la Energía, que se pretendía crear en 2003 y con las mismas funciones del no creado Instituto Canario de la Energía, ya propuesto en 1990, según recordó la diputada socialista (PSC-PSOE), Gloria Gutiérrez.
