La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha asumido la sentencia del Tribunal Supremo de octubre pasado por la que se anulaba la modificación puntual del plan parcial La Bufona en Arrecife. La sentencia anulaba el acuerdo de esa misma comisión de 28 y 29 de abril de 1998.
Eduardo Murillo, propietario de parte de los terrenos del plan parcial, a la salida de Arrecife, interpuso un recurso contencioso administrativo contra esa modificación del plan hace doce años. El motivo de la nulidad es que no se solicitó informe de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que debía haberse pronunciado sobre cómo afectaba el plan parcial a la carretera LZ-2.
Los accesos a la urbanización, una de las más lujosas de la capital, no se hicieron, y se accede por la urbanización contigua, la de El Cable. Ese punto kilométrico, el que coincide con la urbanización, se ha considerado como punto negro por la Dirección General de Tráfico en los años 2004 y 2006 por el elevado número de víctimas en accidentes.
El anuncio de la Cotmac, publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias, señala que se da traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Arrecife para que ejecute la sentencia, así como al Cabildo de Lanzarote, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun)
Precisamente un informe de la Apmun de septiembre de 2008 señalaba que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado. El plan no contaba con la superficie mínima exigible para desarrollarse, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24 y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos "no eran reflejo de la realidad territorial". "Según certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada", concluye el informe.
Procedimiento penal
Sobre este plan parcial pesan varios procedimientos judiciales. Uno de ellos, de tipo penal, se sigue contra los promotores del mismo, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. También están imputados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.
La mercantil Brisa Inversiones, promotora del plan parcial, ha reconocido una deuda de casi un millón de euros al Ayuntamiento de Arrecife por no haber realizado la cesión obligatoria para el aprovechamiento municipal. Algunas de las viviendas de este plan parcial han estado durante años excluidas del catastro y otras se han matriculado dos veces en el Registro de la propiedad.
ACN
