Para el Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero no hay categorías o clases de comunidades autónomas. Así de claro lo dijo el secretario de Estado de Justicia español, Luis López Guerra, poco antes de inaugurar ayer las IV Jornadas italo-españolas de Justicia Constitucional. La precisión la hizo al ser preguntado si las concesiones que se hagan a Cataluña en su Estatuto de Autonomía determinarán el contenido de las reformas estatutarias de las restantes comunidades autónomas.
López Guerra señaló que el marco constitucional español permite una notable pluralidad de configuración de estatutos y competencias. Así que cada comunidad autónoma al reformar su estatuto tendrá en cuenta sus necesidades particulares, y el Estado las respetará dentro del marco constitucional. "Cada comunidad establecerá las competencias que considere convenientes para su mejor desarrollo", sostuvo.
El Ejecutivo central está al tanto del proceso de reforma estatutaria que se ha planteado la Comunidad Autónoma de Canarias, pero como está en una fase de tramitación no se aventura a hacer un análisis del texto. En todo caso, la Constitución prevé el hecho diferencial canario derivado de su situación geográfica, por lo que parece lógico pensar que la singularidad del Archipiélago redundará en una especificidad propia del Estatuto de Canarias.
López Guerra admitió que se puede hablar de un patrón de estatutos, pero dijo que los elementos diferenciadores canarios son perfectamente comprensibles en el marco constitucional. Sin embargo, subrayó que ese marco deberá ser respetado por todas las comunidades autónomas porque "la reforma de un estatuto no es la reforma de la Constitución".
La propuesta que se hace desde Canarias en el sentido de crear un consejo de la Justicia en el nivel autonómico coincide con el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministro con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Consideramos que entra en las previsiones de política legislativa del Ministerio de Justicia y nos congratulamos de ello", comentó López.
Cumbre de constitucionalistas
Durante dos díasel Hotel Rubicón Palace de Playa Blanca acoge a la élite del derecho constitucional de Italia y España. La organización de la IV Jornadas ítalo - españolas de Justicia Constitucional corre a cargo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad Carlos III de Madrid. El rector del centro docente canario, Manuel Lobo, valoró positivamente la vinculación de la Universidad, entre otras cosas, porque se ha planteado darle un carácter regional a la misma organizando y desarrollando actividades académicas en todas las islas.
Este año las Jornadas coinciden con el 50 aniversario de la creación de la Corte Constitucional italiana y el 25 aniversario del Tribunal Constitucional español, lo que constituye una inmejorable ocasión para hacer balances y plantear nuevas perspectivas de futuro respecto a aquellos asuntos que han suscitado una especial atención por parte de la doctrina constitucional. La cumbre de juristas es también un foro de análisis de las reformas que actualmente se tramitan en España en el ámbito constitucional.
Tres sesiones
Las jornadas se han dividido en tres sesiones. En la primera, celebrada ayer, se hizo un estudio y una prospección sobre el control de constitucionalidad de las leyes y de los demás actos parlamentarios en España e Italia. En la segunda, los ponentes presentarán un balance de la jurisprudencia constitucional respecto a los límites de la descentralización política de los estados italiano y español, en sus respectivas regiones y comunidades autónomas. Y en la tercera, se analizarán las relaciones de la justicia constitucional tanto con los tribunales ordinarios como con los tribunales supranacionales.
Matrimonio entre homosexuales
A propósito del recurso que interpondrá el Partido Popular para tumbar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el secretario de Justicia avanzó que el Estado defenderá la unión legal entre homosexuales porque además de las razones de equidad no existe "sombra" de
inconstitucionalidad. Desde el punto de vista jurídico, dijo López Guerra, resulta difícil encontrar fundamentos lógicos y racionales para una impugnación de inconstitucionalidad. "No hay restricciones para que el derecho al matrimonio se extienda a personas del mismo sexo", apostilló.
