La Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias ha impuesto una sanción de 6.010 euros a Roque Herrera, el único concejal del PP en el Ayuntamiento de Yaiza, por explotar turísticamente la "Villa Timanfaya" sin contar con hojas de reclamaciones ni libro de inspección de turismo, según publica este viernes el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Ambos hechos han sido calificados como "graves" por la Consejería. Este expediente se inició como consecuencia de la denuncia de un inspector de turismo. Los hechos fueron denunciados en septiembre de 2010.
Roque Herrera, que forma parte del grupo de gobierno de Yaiza y ocupa la Concejalía de Transportes, envió las alegaciones a este expediente a la Consejería en febrero de 2012. En ellas, aseguró que esta vivienda "no había sido nunca explotada con fines turísticos". No obstante, dijo que se "reservaba el derecho constitucional a la propiedad y a recibir los frutos de la misma", según la publicación en el BOC.
La Consejería considera que lo argumentado por Roque Herrera "no constituye causa que le exima de responsabilidad administrativa". "La constatación de estos hechos por parte de los inspectores de turismo constituye prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción, dado el valor probatorio de las actas", se recoge en el BOC.
Además, la Consejería también destaca que Roque Herrera declaró ante el inspector de turismo que "la vivienda que se anuncia en la página web es suya", así como "los precios temporales" que se anuncian. De ahí que la Consejería considere que es un establecimiento turístico y, por tanto, es "obligado" que cuente con hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes.
"Hay responsabilidad administrativa imputable"
Además, en cuanto a la segunda infracción, la Consejería General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias considera que el establecimiento debe de contar con un libro de inspección. "Hay responsabilidad administrativa imputable al titular expedientado por la comisión de ambos ilícitos administrativos", se recoge en el BOC.
A la hora de imponer estas sanciones, la Consejería explica que ha tenido en cuenta "la carencia de antecedentes del titular expedientado", así como la "inexistente trascendencia social de los hechos, la falta de intencionalidad de infringir la normativa turística y la posición del infractor en el mercado". De ahí que se haya procedido a "atenuar las sanciones".
