El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, y el director general de Comercio, Arturo Cabrera, se reunieron este miércoles con los representantes de la Asociación de pequeños empresarios del comercio en mercadillos "La Unión", con el fin de ayudar a los vendedores a comprender la nueva normativa reguladora de los mercadillos y ofrecerse a mediar con los ayuntamientos, para minimizar el impacto en el sector de la directiva para la liberalización de los servicios.
Los comerciantes expresaron a los responsables políticos su temor a que el cambio de normativa, que prohíbe la concesión de licencias por tiempo indefinido y establece el sistema de concurso público para la adjudicación de los puestos, pueda expulsar del sector a empresarios que han vivido toda su vida de los mercadillos municipales. Esta situación se vería agravada además por el hecho de que cada vendedor necesita licencias en varios municipios y mercadillos para hacer rentable su actividad, puesto que tener una sola, en una actividad que se realiza una vez por semana, no sería suficiente para mantener el negocio.
Consciente de esta realidad, el Gobierno de Canarias se ha ofrecido a mediar entre los vendedores y los municipios, para que todos estén perfectamente informados de lo que dice la normativa y que los diferentes ayuntamientos aprueben una sola ordenanza, que dé "estabilidad y seguridad al sector".
El Gobierno de Canarias defiende que esta es la postura que "siempre" ha mantenido, aunque no siempre ha tenido la oportunidad de exponerla "ante la desinformación que se ha generado en torno a este conflicto". Por ello, ha querido aclarar algunas cuestiones que, según afirma, "no se corresponden con la realidad".
Información "errónea"
En este sentido, el Gobierno de Canarias niega que los vendedores vayan a perder sus licencias cuando la normativa entre en vigor el 1 de enero. Y es que, afirma, "la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha instado a los ayuntamientos de todo el Estado a que redacten sus ordenanzas y las adapten a la nueva norma en un plazo de 2 años, es decir, antes del fin de 2.011". Es más, añade, "la FEMP ha redactado una ordenanza tipo para que sirva de modelos a todos los municipios".
Asimismo, niega que quiera impedir la estabilidad en el sector, imponiendo licencias a 15 años en los ayuntamientos, a través de una ley canaria, ya que "el Gobierno de Canarias jamás ha tenido competencias para regular la venta ambulante", sino que "la propia normativa estatal otorga dichas competencias a los ayuntamientos".
El Gobierno de Canarias informa también de que no es cierto que no se pueda contabilizar la antigüedad en la profesión para obtener una licencia, ya que "la norma no entra a determinar los criterios para adjudicar cada uno de los puestos, por lo que los municipios tienen la posibilidad de considerarlo para tener preferencia en la adjudicación".
Por todo ello, el consejero ha querido dejar muy claro a los comerciantes que la regulación de la venta ambulante es competencia municipal y que el Gobierno autonómico sólo podría establecer "un marco temporal máximo y mínimo para la adjudicación de licencias". En todo caso, "ese marco general nunca podría ser impuesto a los municipios, que tienen incluso la potestad para prohibir la venta ambulante".
