ACN.- Tribunal Superior de Justicia de Canarias -relacionada con el conflicto de expropiación del Parlamento regional- haya obligado a que en el plazo de diez días se desalojen los inmuebles de la Cámara, porque matiza que "su contenido se limita a instar el cumplimiento de la sentencia recaída en este proceso en aquellos puntos que no habían sido recurridos por el Gobierno canario y que, por consiguiente, ya eran firmes".
En un comunicado, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario "desmiente y rectifica" las noticias aparecidas en los medios de comunicación acerca del procedimiento judicial abierto en relación con la ampliación que, hace años, se acordó y llevó a efecto en el Parlamento de Canarias mediante la expropiación forzosa de unos inmuebles colindantes situados en las calles de Teobaldo Power y del Castillo de Santa Cruz de Tenerife.
Según el Ejecutivo regional, la providencia reseñada se ha notificado este jueves al Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias y "no ordena desalojo alguno", pues su contenido se limita a instar el cumplimiento de la sentencia recaída en este proceso en aquellos puntos que no habían sido recurridos por el Gobierno de Canarias y que, por consiguiente, ya eran firmes.
El Gobierno canario insiste en que la providencia no se pronuncia respecto de las cuestiones que han sido objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que por tanto, "no sólo no implica el desalojo de los inmuebles sino que, de alguna manera, viene a respetar la línea procesal del Gobierno autonómico manifestada en su recurso de casación".
