El Gobierno de España estudia suspender las actuaciones administrativas afectadas por la Ley de Costas en Canarias, que afecta a más de 160.000 personas. Así lo ha manifestado el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra, tras reunirse con representantes canarios para explicarles la modificación de esta ley, de la que todavía no se han aportado demasiados detalles.
Saavedra se reunió con el abogado y responsable canario de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, quien estuvo acompañado por las senadoras Luz Marina Socas y Meluca Suárez, por Tenerife y por Gran Canaria, respectivamente. Sin embargo, para hablar de las conclusiones que se derivaron de dicho encuentro , han convocado una rueda de prensa el lunes en Tenerife.
En enero de 2012, José Luis Langa valoró el anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que afirmó que realizará "una reforma profunda" de la Ley de Costas. Langa confiaba en que la modificación fuera en "la línea" de proteger aquellos núcleos urbanos consolidados previos a la ley de 1988.
En Lanzarote, varias poblaciones están afectadas por esta Ley de Costas. Los casos más complicados, se encuentran en las costas de Tinajo, en pueblos como La Santa o Tenésar, en el municipio de Teguise, en concreto, en Famara y Caleta de Caballo, o en localidades sureñas como El Golfo.
