El Gobierno de Canarias aprobó este sábado un paquete de medidas para afrontar los recortes impuestos por los Presupuestos Generales del Estado. Entre ellas, se incluyen cambios en las normas tributarias para un incremento de ingresos estimado en 250 millones de euros y otras disposiciones para ajustar gastos, con el objetivo de reducir el impacto sobre la prestación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. El Consejo de Gobierno ha integrado la mayor parte de estas medidas en el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, para el que solicita informe urgente al Consejo Económico y Social.
En el ámbito de los ingresos, el Gobierno de Canarias acordó la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y el incremento de los impuestos sobre el combustible y el IGIC.
Con estas medidas, el Ejecutivo prevé recaudar en torno a los 250 millones de euros en los próximos seis meses, una cantidad insuficiente para afrontar los "graves e injustos recortes del Estado cifrados en 800 millones, por lo que debemos realizar otros graves ajustes", según valoró Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
González Ortiz señaló que el Gobierno de Canarias "se ve obligado a aplicar medidas extremas porque la situación en la que nos ha dejado el Estado también es extrema" y justificó las decisiones adoptadas para proteger, como prioridad absoluta, la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El Consejo de Gobierno decidió crear dos nuevos figuras impositivas. Se instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras que abonarán bancos y cajas y se establece el impuesto a grandes superficies.
Con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5% actual al 7%, elevará el establecido con el 2% al 3%, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%.
Sobre este tributo, se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil, que pasará de estar exenta a tributar al tipo general.
Además, se incrementa el impuesto sobre el combustible, un tributo que a diferencia del Estado, no se actualiza en Canarias desde 2004, dejando inalterable el aplicado al gasóleo profesional.
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno acordó el aumento de la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros al año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.
También se elimina la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano. Es el caso de los gastos por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción, a mayores de 65 años y dependientes, por familia numerosa o por gastos de guardería.
Políticas de gastos
Además de las modificaciones tributarias, el anteproyecto de ley aborda cambios en la estructura de la comunidad autónoma con la supresión de dos agencias (con rango de dirección general) y la concentración de los tres organimos públicos dedicados a la formación de empleados públicos en uno (Instituto Canario de Administración Pública, Agencia Canaria de Seguridad y Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias). Esto supone la eliminación de 4 centros directivos, con rango de dirección general de la estructura de la Comunidad Autónoma. Además, se extinguen nueve órganos de consulta y gestión, creados por diferentes normas de rango legal, todo ello en aras de aplicar mecanismos más eficientes en la gestión pública.
El Capítulo de gastos de personal representael 37,8% del presupuesto de 2012, por lo que, de forma inevitable, ante la proporción del ajuste que es necesario realizar para adaptar la cuentas autonómicas al marco presupuestario definido por el Gobierno de España, el Ejecutivo canario prevé una serie de modificaciones en las condiciones laborales de los empleados públicos.
De forma genérica, aplica a los casi 62.000 empleados públicos un recorte en sus retribuciones anuales del 5%. Con esta reducción salarial, la Comunidad Autónoma ahorra 130 millones de euros.
El Gobierno, en el anteproyecto de ley, se hace eco de lo expresado por cabildos y ayuntamientos para la traslación de este mismo recorte a los empleados públicos de todas las administraciones locales (Cabildos y Ayuntamientos). De igual modo, prevé la aplicación de esta reducción a los docentes de las universidades canarias y a los profesores de la enseñanza concertada. Estas reducciones no se aplicarán al personal que cobre menos de 13.469,4 euros al año, cantidad que equivale al 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Otras materias como las condiciones para la prolongación de la vida laboral por los empleados públicos (laborales y funcionarios); la cuantía del complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático o la extinción del 13% de las plazas de personal eventual (14 puestos), también son objeto de regulación en este texto.
Empresas y Fundaciones Públicas
La norma también introduce el establecimiento de topes para las retribuciones del personal en las empresas y fundaciones públicas, con el fin de dar rango de ley y carácter permanente a tales limitaciones.
Otra de las medidas que afecta directamente a empresas públicas está vinculada a Radiotelevisión Canaria, para la que se prevé una reducción del 20% en el gasto de los contratos externos y el cierre del segundo canal de la Televisión Pública.
Con todo este paquete de medidas, el Gobierno canario pretende garantizar las mejores prestaciones públicas en los servicios de Sanidad, Educación y Servicios Sociales tras los drásticos recortes impuestos por el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma de Canarias.
