El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar un recurso del Gobierno de Canarias contra las prospecciones petrolíferas, aunque el Ejecutivo regional ha restado importanciaa esta resolución, ya que aún hay otras vías legales abiertas. En concreto, el Supremo ha ratificado ahora el auto que dictó hace unos meses, en el que rechazó el incidente de ejecución de sentencia que presentaron tanto el Gobierno canario como el Cabildo de Lanzarote. Ambas instituciones apelaron a la sentencia que anuló los permisos a Repsol en el año 2004 para intentar invalidar el nuevo decreto.
Tras ese auto del Supremo que rechazó sus argumentos, el Gobierno canario volvió a recurrir y ahora ha visto de nuevo rechazado su recurso. "Hay que insistir en que el Tribunal Supremo lo que afirma es que el Real Decreto 547/2012 no contradice la sentencia del año 2004, pero no se ha pronunciado sobre su legalidad", ha señalado al respecto el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero.
En ese sentido, el portavoz del Ejecutivo explicó que "el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, no tiene aún pronunciamiento, puesto que aún estamos en plazo para formalizar la demanda correspondiente".
Fuerteventura confía en ganar "la batalla legal"
En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera. "La verdadera batalla legal, con la que las administraciones y el pueblo canario conseguiremos detener todo el proceso, está en los recursos contencioso administrativos presentados contra el decreto", ha señalado en un comunicado.
"Respetamos el pronunciamiento de la Justicia, aunque no compartimos su postura en torno a este asunto", ha afirmado Cabrera, agregando que "esta resolución lo único que dice es que el Tribunal Supremo estima que el proceso administrativo por el que se convalida el decreto de 2001, el mismo que este Tribunal Supremo anuló en 2004, es correcto, lo que no significa que sea justo ni legítimo, ni, como veremos en el futuro, legal".
En este sentido, aunque el incidente de ejecución que presentaron el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias haya sido desestimado, Cabrera asegura que tanto estas dos administraciones como el propio Cabildo de Fuerteventura centran sus "principales acciones legales en una serie de recursos contenciosos administrativos, elaborados de manera coordinada pero independiente, con los que pretendemos dejar sin efecto el decreto aprobado en 2012", independientemente de si "el Tribunal Supremo considera que es el mismo que el de 2001 o no"
"Estamos tranquilos porque la razón está de nuestro lado y sabemos que este decreto se puede tumbar en los tribunales, en un proceso legal al que le queda un largo recorrido, por mucho que algunos, apoyándose en una vergonzosa campaña publicitaria y mediática, nos quieran vender lo contrario", ha señalado Cabrera, en referencia a las noticias publicadas este lunes por distintos medios de todo el país.
