La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha abierto el trámite de consulta pública previa de la modificación del Decreto por el que se regulan las viviendas vacacionales en Canarias, una nueva norma con la que se pretende "proteger la sostenibilidad del modelo turístico y territorial, la fragilidad del entorno y garantizar la disponibilidad de viviendas para residentes en condiciones dignas y a precios razonables, al mismo tiempo que no se ponen límites injustificados a esta actividad económica".
Desde este lunes y hasta el día 6 de noviembre, según la Ley de Procedimiento Administrativo, todos los actores implicados y la ciudadanía podrán realizar las observaciones que estimen oportunas a través de la plataforma Canarias Participa (http://www.canariasparticipa.com/) antes de la elaboración del texto de una norma que pretende "dar respuesta a los problemas detectados en la aplicación de la anterior", según han señalado desde el Gobierno canario en un comunicado.
Según se explica en la justificación para el comienzo de los trámites administrativos, la actual regulación, "si bien respondió a la necesidad de llenar el vacío normativo derivado de la exclusión del ámbito de la ley de Arrendamientos urbanos de esta modalidad de alquiler de viviendas, y contribuyó a ofrecer un marco regulatorio de esta realidad, sin embargo, ha resultado insuficiente para dar respuesta a los problemas detectados en su aplicación práctica".
Tendrá en cuenta "criterios de planificación territorial y urbanística"
La nueva iniciativa, según ha añadido el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, "pretende abordar la vivienda vacacional desde una perspectiva global e integral no solo teniendo en cuenta la normativa turística sino otras regulaciones que inciden en la materia para conseguir un marco jurídico ordenado y coherente".
De esta forma, uno de los objetivos para garantizar la eficaz implantación de la normativa es que la regulación del alquiler vacacional se realice teniendo en cuenta criterios de planificación territorial y urbanística, por lo que el Ejecutivo anuncia que "municipios y cabildos deberán intervenir".
Según Isaac Castellano, "la sostenibilidad del modelo territorial exige valorar las repercusiones que tiene la vivienda vacacional en el crecimiento turístico y sobre el territorio, por lo que el marco jurídico que resulte de los trabajos que hoy se inician debe ser el resultado de un análisis detenido de la realidad que supone este tipo de actividad".
El objetivo del Gobierno de Canarias es que "la normativa sobre este nuevo tipo de alojamiento garantice, al mismo tiempo, el desarrollo sostenible y que no se impongan límites injustificados al ejercicio de esta actividad económica". En este sentido, el consejero señaló que, además, "se deberá tener en cuenta que la incidencia de esta modalidad de alojamiento no afecta por igual a todas las islas y, dentro de ellas, a sus diferentes municipios".
