Un total de 136 guarderías han cerrado sus puertas por orden del Gobierno de Canarias, al no superar las inspecciones higiénico sanitarias obligatorias. En concreto, el Servicio de Sanidad Ambiental, dirigido por María Luisa Pita Toledo, se ha encargado de cerrar los centros de cero a tres años que no cumplían con las condiciones, tras realizar más de 150 controles. Pita desglosó la cifra y apuntó que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han tenido que cerrar 60 centros más que en la provincia de Las Palmas, "pero porque existían también más centros". En Santa Cruz de Tenerife cerraron 98 y en Las Palmas 38.
Pita cree que el sistema actual de inspección de las guarderías canarias "es insuficiente, porque también necesita de un control de educación"; sobretodo, atendiendo a que desde 1990 la educación de los más pequeños tiene carácter educativo. Sin embargo, asegura Pita que "en ningún caso se encuentra en la situación de desamparo que denunció el periódico El País", en un artículo publicado el 11 de abril.
"Se ha producido un equívoco, la noticia es incierta. Obviamente el control de guarderías es mejorable, pero no están abandonadas de la mano de Dios", defendió la jefa del servicio. 'El País' publicó las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad catalana de Vic para el Ministerio de Asuntos Sociales, que a su vez lo presentó ante la Comisión Europea, asegurando que en varias comunidades, entre ellas Canarias, se conocía la existencia de guarderías privadas irregulares y que en esta región, "no existe un servicio de inspección para determinar si los centros cumplen con los requisitos mínimos de calidad exigible".
Pita defiende que el "error en el informe" radica en que se "han seguido los parámetros utilizados en la península, cuando en Canarias los controles los realiza Sanidad, Consejería con la que no se han puesto en contacto los autores del estudio": 'Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda'. Por su parte, la autora del informe Irene Balaguer asegura que las fuentes para el estudio las proporcionó el propio Gobierno autónomo.
NIÑOS EN CASA AJENA
Uno de los datos aparecidos en el informe que ha molestado al Servicio de Sanidad Ambiental es la afirmación de que en Canarias existen algunos particulares que atienden niños en su propia casa. Para el Gobierno autónomo se ha utilizado a la Comunidad como ejemplo de algo que ocurre en toda España, "aunque algunas ciudades no lo reconozcan por ocultación o por desconocimiento".
Pita le resta importancia a este hecho al asegurar que "también hay gente que roba y no hay ciudad que se escape". Explicó que es complicado abordar esta situación, ya que en ocasiones, ante las denuncias de particulares, los inspectores se han personados en dichos pisos sin que les hayan permitido la entrada. "Se trata de un escenario que es difícil atacar judicialmente", concluye.
En cualquier caso, recordó el Gobierno que es una "irresponsabilidad" dejar a los hijos en estas guarderías ilegales, porque "no han pasado ningún control". Y se insiste que en la actualidad el mercado canario tiene plazas disponibles para todos los niños menores, aunque no todas de carácter público. Hoy reciben a los niños un total de 520 guarderías en Canarias.
ACN Press
