ACN
El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, afirmó este viernes que pese a la investigación que se está realizando sobre el concurso eólico por posible tráfico de influencias e información privilegiada, la Administración regional "no renuncia en modo alguno a poner en marcha los parques eólicos" y seguirá adelante con el desarrollo del citado concurso. Además, insistió en que en estos momentos, y hasta que se avance en la investigación, el Gobierno "no es parte" inculpada.
Según Becerra, la investigación que en estos momentos lleva la Justicia sobre el concurso eólico "no tiene por qué, primero, suspender las órdenes y segundo poner en marcha de nuevo ese concurso", afirmando que de hecho está en marcha la reelaboración del decreto que en su día fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), así como las órdenes a las que afectó esta anulación.
Por otro lado, después de insistir en que "es voluntad del Gobierno la personación en la causa como parte acusatoria", Becerra quiso "aclarar" que el Gobierno de Canarias no es parte inculpada en esa causa que se ha abierto porque "evidentemente está en fase de investigación".
Mensajes
En cuanto a la polémica referente al tiempo que por ley se deben guardar los mensajes enviados desde el Gobierno, Becerra sostuvo que la normativa española "establece un plazo máximo de permanencia del origen y destino del correo más de un año", insistiendo en que no hay periodo mínimo y que esta normativa no afecta a los contenidos de los mensajes, sino sobre quién los envió y a quién fueron enviados.
Becerra sostuvo además que la obligación legal sobre los contenidos y sobre el tiempo máximo de almacenamiento afecta a "las compañías operadoras que almacenan los servidores donde están los correos electrónicos", pero no a entidades empresariales, públicas o privadas, que podrían almacenar los correos el tiempo que estimen oportuno. Según el portavoz, la ilegalidad vendría por almacenar más de un año el origen y el destino de los correos, pero no por un tiempo mínimo.
Investigación administrativa
Becerra aseguró que "la información de la que dispone el Gobierno es la que en estos momentos ha aparecido en los medios de comunicación", y excusó la tardanza en denunciar los hechos que ahora se investigan, a pesar de haber realizado una investigación administrativa interna, diciendo que "el Gobierno ni tiene, ni ha tenido ni tendrá nunca sistemas de escucha ni de investigación policial o seguimiento, ni tan siquiera tiene la capacidad jurídica para obligar que ex altos cargos puedan ser preguntados".
"Ni somos policías ni somos el poder judicial", afirmó el portavoz gubernamental, añadiendo que a partir de la información publicada en prensa sobre las escuchas telefónicas y los correos electrónicos "es cuando nosotros nos personamos en esa causa".
En este sentido, sobre la pretensión de los socialistas canarios para que se repita la investigación administrativa hecha por el propio Ejecutivo canario, afirmó que ésta investigación "había dado todo lo que podía dar de sí como mecanismo para esclarecer los hechos, máxime cuando estos hechos son objeto de una investigación intensa con todos los medios que la Policía y los Juzgados tienen, por lo que abrir una nueva investigación por el ámbito administrativo nunca podría llegar a ser tan esclarecedora".
"Debe ser la propia Justicia la que debe avanzar en ese ámbito, es su competencia y tenemos plena confianza -aseveró- a continuación vendrán las responsabilidades políticas, más allá de las judiciales que puedan haber".
