ACN
La posibilidad anunciada por el ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de legalizar de los inmigrantes ilegales que no puedan ser repatriados y sí acceder a un puesto de trabajo, ha pasado un poco desapercibida en Canarias para políticos e instituciones, a excepción de las del Partido Popular, que inmediatamente hizo pública su denuncia. El Gobierno de Canarias, cuyo titular es partidario, por el contrario, de incrementar los 40 días establecidos actualmente para tramitar la devolución de los llegados a su país de origen, no se había pronunciado al respecto, a pesar de que hace 18 días desde que el ministro lo dijo públicamente, coincidiendo con la visita a Tenerife y Fuerteventura del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.
El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, ha opinado sobre lo que ha calificado como "un globo sonda" del Estado. Para Becerra, las declaraciones de Caldera no son muy oportunas, según él,"no se pueden decir mensajes de este tipo que generan confusión en la población y trascienden a quienes manejan el tráfico ilegal", además, según el portavoz del Gobierno canario, este nuevo proceso de regulación supondría un llamamiento a que sigan viniendo cayucos, con la pérdida de vidas que entraña.
Becerra también ha asegurado que una de las posibles causas de la llegada masiva de las últimas semanas de inmigrantes a costas canarias es por el anuncio de la puesta en marcha del dispositivo de Frontex, que vigilará las costas de origen. Por lo que, Miguel Becerra cree que esta situación ha obligado a adelantar las salidas, antes de que sea muy difícil. "Esperamos que el trabajo de Frontex con las autoridades de Cabo Verde, Mauritania y Senegal empiece esta semana, y se pueda evitar que salgan de las costas o que sean devueltos a las mismas al inicio de la travesía".
El portavoz del Gobierno canario también se ha referido al Plan Integral de Seguridad de Canarias, ya que, según éste, no contempla la creación de informes en los aeropuertos canarios de las personas no comunitarias que llegan. Becerra cree que se deberían realizar estos informes y, así, poder hacer un seguimiento y, "en el caso de que no salgan cuando está estipulado, que Interior proceda a la expulsión o la regulación". Miguel Becerra, también añadió, que tampoco se ha puesto en marcha otra de las propuestas que hizo el Gobierno canario a través del grupo de trabajo sobre población, que es que los padrones den información real.
A pesar de esto, Becerra asegura que valoran muy positivamente algunas medidas como el incremento de los efectivos de los cuerpos de seguridad, pero opina que el plan debería haber sido mucho más ambicioso y adaptado a la realidad.
No a un macrocentro de menores
Miguel Becerra también ha afirmado que el Gobierno Canario se niega a que se construya un "macrocentro" de menores en las Islas para acoger a los que llegan sin acompañante, "ya que esta construcción dificulta la integración de los mismos". Además, el portavoz del Gobierno de Canarias también comentó que en el Archipiélago ya se acogen a 500 y "no es bueno concentrarlos en un espacio pequeño, ya que se pueden crear dificultades de convivencia". La solución, para Becerra, es que sea el Estado el que asuma este problema porque las competencias autonómicas de tutela de menores no acompañados no están pensadas para estos casos.
