Aún no está aprobado el informe de impacto ambiental para los sondeos

El Gobierno autoriza que Repsol realice un estudio del fondo marino frente a Lanzarote, como paso previo a las perforaciones

La Dirección General de Política Energética y Minas ha autorizado a Repsol el estudio de fondo marino frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, como paso previo a las perforaciones ...

16 de abril de 2013 (20:05 CET)
El Gobierno autoriza que Repsol realice un estudio del fondo marino frente a Lanzarote, como paso previo a las perforaciones
El Gobierno autoriza que Repsol realice un estudio del fondo marino frente a Lanzarote, como paso previo a las perforaciones

La Dirección General de Política Energética y Minas ha autorizado a Repsol el estudio de fondo marino frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, como paso previo a las perforaciones petrolíferas. El área en la que se harán estos estudios se denomina "Canarias 1 a 9".Contra esta decisión, fechada el pasado 27 de marzo y notificada este lunes al Cabildo de Lanzarote, cabe interponer un recurso ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes.

El 17 de octubre de 2012, Repsol solicitó a la Dirección General de Política Energética y Minas una autorización para realizar un estudio del fondo marino, en aguas canarias. Según la información que trasladó esta empresa a la Dirección General, "el objeto es definir la condición físico-química y biológica del fondo marino, además de determinar los niveles de referencia del área con carácter previo al inicio del programa de perforación exploratoria". Estos resultados se incorporarán al Estudio de Impacto Ambiental de los sondeos exploratorios a realizar, que aún no ha sido aprobado.

De hecho, aunque ahora se autorizado la "toma de muestras" en la zona, ese informe de impacto aún está en fase de trámite, y todo lo que se ha presentado hasta la fecha es un avance del mismo.

Seis estaciones de muestreo, de 64 kilómetros cuadrados cada una

Según la resolución del Gobierno central, el estudio se realizará dentro de este área, en seis estaciones de muestreo "representativas del área en la que, en fase posterior, se pretenden realizar los sondeos exploratorios previstos, ocupando un área de 64 kilómetros cuadrados por cada una de las estaciones de muestreo y tomando 20 muestras de sedimento y 6 de agua en cada una de las estaciones".

Las coordenadas, además, podrían "variar en un rango de 10 kilómetros por motivos técnicos y de seguridad". La profundidad de la lámina en las estaciones de muestreo variará también entre "los 800 y los 1.500 metros".

Esta resolución tiene fecha de 27 de marzo y fue recibida por el Cabildo de Fuerteventura el 12 de abril y por el de Lanzarote este mismo lunes, día 15. En ella, se explica que la titularidad actual del permiso para la investigación de hidrocarburos corresponde a Repsol, a Woodside Energy Iberia y a RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50, 30 y 20 por ciento, respectivamente. Repsol, por su parte, actuará "como operadora".

Requisitos que debe cumplir Repsol

La Dirección General de Política Energética recuerda a Repsol una serie de requisitos que deberá cumplir, como constituir un seguro de responsabilidad civil "por cuantía de 3 millones de euros" para hacer frente a "eventuales daños a personas o bienes" en el desarrollo de este estudio del fondo marino.

También deberá comunicar "las fechas de inicio y fin de las actividades autorizadas". La empresa tendrá que facilitar "semanalmente" información "del día a día" sobre el avance de estos trabajos y deberá informar "inmediatamente sobre cualquier incidencia excepcional que pueda presentarse". Cuando finalicen estos estudios, Repsol tendrá que remitir un informe final, "resumiendo y consolidando las informaciones anteriores y describiendo la aplicación del Plan de Gestión Ambiental".

En cuanto a la seguridad de las instalaciones y operaciones, la salud de las personas y la protección del medio ambiente en la ejecución de estos trabajos, la Dirección General recuerda que "se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que sea de aplicación".

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