El gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemín, se ha sumado a la lista de imputados en el caso Stratvs. Duchemín ha sido citado a declarar el próximo jueves día 18 en relación a uno de los delitos que se investigan en esta causa, por la presunta emisión de vertidos contaminantes por parte de la bodega.
En un auto fechado este miércoles 10 de diciembre, que ya ha sido notificado a las partes, la juez Silvia Muñoz acuerda esta nueva imputación solicitada por la Fiscalía. Tanto la juez como el fiscal entienden que Hernández Duchemín pudo incurrir en un delito contra el medio ambiente, al informar favorablemente a la solicitud de autorizar el sistema de tratamiento de aguas residuales de Stratvs en el año 2008, pese a que había informes que advertían de "un alto grado de contaminación".
El fiscal también había solicitado la imputación del entonces consejero del área, Fabián Martín, que fue quien firmó en última instancia ese permiso. Sin embargo, la juez ha decidido no atender esa petición por el momento, a la espera de que se practiquen nuevas diligencias. Y es que Fabián Martín adoptó esa decisión en base al informe técnico elaborado por Duchemín, por lo que la juez considera que aún hay que determinar si el político era o no consciente de la supuesta ilegalidad de esa autorización.
Los informes advertían de la contaminación
En el auto en el que acordó el cierre de la bodega en diciembre de 2013, la juez Silvia Muñoz ya advertía de la "alarmante inactividad" de las administraciones públicas en relación con la bodega Stratvs. Y se refería no solo a los presuntos delitos urbanísticos y contra el patrimonio (ya que no sólo lo construido no se ajustaba en nada la licencia, sino que además se derribó una construcción protegida), sino también a los presuntos delitos medioambientales por los vertidos de aguas residuales.
Respecto a esto último, la juez señalaba que una técnico del área de Sanidad de la Dirección General de Salud Pública emitió varios informes entre los años 2006 y 2008 advirtiendo de que "las instalaciones no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales". Incluso, Salud Pública se dirigió en agosto de 2008 al Ayuntamiento de Yaiza, señalando que llevaban desde 2006 reclamando un informe técnico al Consistorio sobre la fosa séptica y pozo filtrante para vertido de aguas residuales industriales, sin que se hubiera emitido hasta ese momento.
Cuando por fin Juan Francisco Rosa presentó una solicitud de autorización para el sistema de tratamiento de aguas residuales (meses después de haber inaugurado Stratvs), el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, realizó una toma de muestras, el 16 de octubre de 2008. Y en su informe, el jefe de sección advirtió de que "las aguas de ambas fosas desaguan a un pozo de drenaje, desde donde se infiltra en el terreno"; que "los resultados de las analíticas dieron unas cifras indicadoras de un alto grado de contaminación" y que "los parámetros obtenidos del agua resultante producto del sistema de depuración sobrepasan de manera notable los límites establecidos".
Pese a todo ello, en noviembre de 2008 se le dio a Juan Francisco Rosa una "autorización provisional por seis meses, sin posibilidad de prórroga, y siempre que se garantice la calidad de las aguas mediante analíticas periódicas mensuales, siendo revocada dicha autorización si se incumpliera la misma". Ese permiso fue firmado por Fabián Martín, con un informe técnico favorable elaborado por José Juan Hernández Duchemín.
No consta que se volviera a hacer un solo control
Además, aunque esa autorización provisional obligaba a realizar "analíticas periódicas mensuales", desde entonces no consta que se volviera a hacer un solo control por parte del Consejo Insular de Aguas. Ni se volvieron a tomar muestras, ni se hizo nada cuando caducó esa autorización provisional.
Según refleja el sumario de la causa, lo único que hay son tres analíticas aportadas entre febrero y junio de 2009 por el propio Juan Francisco Rosa, "en las que no se conoce ni quién, ni dónde ni con qué garantías fiables se toman las muestras". Después, según subrayaba la juez en ese auto, "no consta ninguna autorización más", por lo que la investigación concluye que "no hay autorización alguna para los vertidos que se vienen efectuando y no consta que el Consejo Insular de Aguas haya mostrado la más mínima preocupación al respecto, al no constar controles, inspecciones o actuación alguna".
En su declaración, Hernández Duchemín deberá responder por un presunto delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 329 del Código Penal. Entre otras cosas, ese artículo castiga con penas de entre seis meses y tres años de prisión a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes".
