El 19 de abril de 2010, los agentes de la UCO irrumpieron en un edificio a medio construir ubicado en la calle La Cristina de Arrecife, de donde sacaron cerca de 30 cajas de documentación comprometedora. ¿Cómo llegaron hasta ese almacén clandestino? La respuesta se encuentra en la última parte del caso "Unión" sobre la que se ha levantado el secreto de sumario, que revela la colaboración clave de dos trabajadores de Urbaser.
Fue un mes después de que estallara la primera fase de la Operación Unión, en mayo de 2009, cuando un empleado de Urbaser decidió presentarse voluntariamente ante los agentes de la UCO para denunciar presuntas irregularidades de la empresa: desde el amaño del concurso en el que se adjudicó la limpieza de Arrecife, hasta facturas falsas cargadas al Ayuntamiento. Además, otro trabajador se sumó también a esta denuncia, y los dos estuvieron aportando nuevos datos y documentos a la UCO y al entonces juez del caso, César Romero Pamparacuatro, durante casi un año, en el que se fue gestando lo que después sería la Operación Jable.
En esas declaraciones, los trabajadores advirtieron de la existencia de ese almacén clandestino, de la ubicación de las cinco cajas fuertes que el ex gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, les había hecho instalar en su casa y en la nave de la empresa, del presunto pago de sobornos y, también, de la peculiar relación que Álvarez mantenía con políticos y funcionarios de la isla.
Según la denuncia de uno de los trabajadores, el gerente "se jactaba de llevarse bien con todos los políticos", pero a su vez les ordenaba a él y a otros empleados de la empresa que "vigilaran" a determinados cargos públicos y funcionarios.
Comida "vigilada" en un restaurante de Costa Teguise
Como ejemplo, este trabajador citó una situación que vivió en mayo de 2002, siendo alcaldesa María Isabel Déniz, cuando se realizó el concurso para adjudicar el servicio de limpieza de Arrecife. Según aseguró primero ante la UCO y luego ante el juez, el mismo día en el que las empresas prestaron sus ofertas, "Jacinto Álvarez le ordenó seguir a María Isabel Déniz para saber con quién y dónde se iba a reunir".
Tras realizar ese seguimiento, notificó a Jacinto Álvarez que la entonces alcaldesa se había ido a comer a un restaurante de Costa Teguise con Dimas Martín, el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, y varios miembros más del Partido de Independientes de Lanzarote, entre los que se encontraba Matías Curbelo. Entonces, Jacinto le ordenó que se quedara a comer ahí, "para hacer un seguimiento de las conversaciones", aunque "no pudo escuchar nada". La comida del trabajador en este restaurante, según su testimonio, fue pagada por Urbaser (entonces bajo el nombre de Tecmed).
En la misma línea, también citó otro caso que se produjo "dos o tres semanas más tarde", cuando Jacinto Álvarez le pidió "que vigilase la casa de Arrocha, en El Cable". En aquel momento, Rafael Arrocha era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, y jugó un papel esencial en el presunto amaño de la adjudicación del contrato a Urbaser, así como en las posteriores revisiones de precios.
De hecho, según la denuncia de este trabajador, mientras el gerente de Urbaser ordenaba espiar a Arrocha y a María Isabel Déniz, también mantenía "numerosas" conversaciones telefónicas con ellos, "desde el momento en que se publicó el concurso, hasta que finalmente Tecmed resultó adjudicataria". Jacinto Álvarez compartió incluso "reuniones, comidas y cenas" con Arrocha durante esos días, mientras que con la ex alcaldesa "cree" que sólo hubo llamadas. "Isabel y Jacinto se cuidaban mucho de no aparecer juntos", aseguró este trabajador.
Presunto "cambiazo" de la oferta en el concurso
Aunque este empleado aseguró que no fue testigo directo del pago de sobornos, afirmó que intuye que se entregaron, y también que presenció conversaciones de Jacinto Álvarez hablando de "regalos", concretamente de "un coche de alta gama". Además, explicó pormenorizadamente cómo se realizó el presunto amaño en el concurso de limpieza de Arrecife.
Según su relato, dos días después de que él personalmente y el redactor del pliego, Sthepani Valverde, entregaran la oferta de Urbaser, Jacinto Álvarez recibió una llamada de Rafael Arrocha, en la que supuestamente le advirtió de que había "al menos dos empresas que habían presentado una oferta mejor". Entonces, Jacinto le dijo que "debían llevar una documentación esa misma tarde a la Oficina Técnica y entregársela a Rafael Arrocha". Y esa documentación era "una carpeta idéntica a la presentada oficialmente el 22 de mayo de 2002", que supuestamente pudo ser reemplazada por la nueva.
Según el trabajador, él desconocía qué documentación estaba llevando al Ayuntamiento, porque era "habitual" que tuviera que llevar papeles al Consistorio, aunque en esta ocasión le sorprendió la hora, porque "la Oficina Técnica no estaba abierta al público en ese momento", aunque allí les recibió Rafael Arrocha, a quien "le entregaron la documentación".
Varios meses después de su primera denuncia, este trabajador volvió de nuevo a declarar ante la UCO, para aportar una nueva prueba. Concretamente, un CD con un archivo "que encontró en el ordenador de la secretaria personal de Jacinto", "relativo a las ofertas realizadas por las diferentes empresas" a ese concurso, que probaría que "Jacinto Álvarez poseía información" privilegiada sobre el resto de los aspirantes.
Durante esos meses de investigación, que después dieron lugar a la Operación Jable, también se sumaron otras pruebas y declaraciones que señalaban a la presunta trama de Urbaser, incluyendo la confesión de Matías Curbelo. El que fuera mano derecha del líder del PIL llegó a declarar ante el juez que él mismo cobró personalmente uno de los sobres de la empresa. En su declaración, implicó a Dimas Martín y a María Isabel Déniz, asegurando que cobraron una comisión "de entre 25 y 50 millones de pesetas" por la adjudicación de ese contrato, y también a Miguel Ángel Leal, entonces consejero del Cabildo por el Partido Socialista, que gobernaba junto al PIL en la capital.
Llamadas anónimas "para ponerles nerviosos"
Durante las investigaciones previas a la Operación Jable, Matías Curbelo no fue el único que habló de Miguel Ángel Leal en su declaración. También el trabajador de Urbaser que denunció a la empresa se refirió a Leal cuando describía otras prácticas sorprendentes que les ordenaba realizar Jacinto Álvarez. Además de seguimientos y vigilancia, aseguró que el ex gerente de Urbaser "le obligó a realizar llamadas telefónicas, ocultando el número de teléfono, a diferentes políticos, con el fin de ponerlos nerviosos". Y una de las personas a las que tuvo que llamar, "bajo la presión de que le despedirían si no lo hacía", fue a Miguel Ángel Leal. Según este trabajador, lo que pretendía con esto Jacinto Álvarez era "crearle desconfianza hacia su entorno político".
Y todo ello, al igual que en otros casos, mientras mantenía una fluida relación con éste y otros políticos y funcionarios. "La táctica de Jacinto era llevarse bien con todo el espectro político. Se jactaba de llevarse bien con todos los políticos e que incluso a Miguel Ángel Leal le llamaba para quedar y comer, a pesar de las llamadas que se hacían a escondidas", aseguró el trabajador en su denuncia.
Además, según su testimonio, el presunto pago de comisiones de Urbaser no alcanzaba sólo al Ayuntamiento de Arrecife. En una ocasión, asegura que Jacinto Álvarez "estaba molesto" porque Dimas Martín le había pedido una fuerte comisión ilegal para adjudicarle la limpieza de los márgenes de las carreteras. Siempre según el trabajador, entonces "Jacinto comentó que con nuevas personas a repartir la comisión, no le salía a cuenta esta obra y prefería perderla".
Años de presuntos sobornos de todo tipo
En cuanto al Ayuntamiento de Arrecife, la denuncia de dos trabajadores, y las confesiones realizadas por otros imputados, e incluso por el propio Jacinto Álvarez cuando finalmente fue detenido al estallar la Operación Jable, reflejan que los presuntos sobornos no se centraron sólo en la adjudicación del contrato en el año 2002. Según denunció un trabajador de la empresa, Jacinto Álvarez cobró facturas del Ayuntamiento, al margen del contrato, "por obras y servicios que nunca se llevaron a cabo".
Durante ese tiempo, "personal de Urbaser realizó obras en el domicilio particular de Rafael Arrocha", según la denuncia del trabajador, a lo que hay que sumar la larga lista de regalos, como productos de lujo y viajes, que Jacinto Álvarez habría realizado a políticos y técnicos, según las anotaciones que él mismo realizó durante años en varias agendas que fueron encontradas por la UCO durante los registros de la Operación "Jable".
Cuando realizaron esa operación, los agentes tenían datos exactos de dónde se encontraban las cajas fuertes, tanto en casa de Jacinto Álvarez como en la nave de Urbaser, y también de la dirección de almacén clandestino de la calle La Cristina, gracias a las denuncias de dos trabajadores de la empresa.
Uno de ellos aseguró que tras la primera fase de la Operación "Unión", en mayo de 2009, cuando fue intervenido el Ayuntamiento de Arrecife, "Jacinto estaba malo, se puso muy enfermo por la situación que le afectaba".
En ese momento, según desveló el otro empleado denunciante, Jacinto Álvarez ordenó trasladar documentación que podía comprometerle a un piso "arrendado a un trabajador de la empresa". Casi un año después de ese movimiento urgente de documentos, y después de varios meses de investigación y recopilación de pruebas, los agentes de la UCO aparecieron en ese piso a medio construir de la calle La Cristina, en la segunda gran fase del caso "Unión", la Operación Jable, que multiplicó el número de imputados y consiguió remontarse al pasado y desvelar presuntos delitos de legislaturas anteriores.
