Han sido diez las sentencias emitidas por los tribunales anulando licencias concedidas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para la construcción de hoteles y apartamentos turísticos en sus municipios. Los tribunales han dado la razón al Cabildo de Lanzarote en las tesis defendidas por la institución en cuanto a ordenación del territorio y el deber que tienen todos los consistorios de obedecer el Plan de Ordenación Insular del Territorio, el conocido PIOT, vigente desde 1991.
En este momento se encuentran totalmente finalizados y pendientes únicamente de sentencia un total de 7 procedimientos judiciales interpuestos por el Cabildo contra el Ayuntamiento de Yaiza y otros 2 pleitos contra el Ayuntamiento de Teguise, pero el Cabildo confía en que los dictámenes de estas causas pendientes continúen dándoles la razón aplicando los argumentos defendidos por la Primera Institución.
Todas las sentencias emitidas hasta el momento por las que quedan invalidadas las licencias que en su momento concedieron los regidores de Yaiza y Teguise, José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández para edificar, se refieren a construcciones para camas turísticas que ya están terminadas y en funcionamiento, con lo que queda abierto el interrogante sobre el futuro de estos establecimientos.
Esta semana la presidenta del Cabildo, Manuela Armas declaraba que una vez emitidas las sentencias, aquellas que sean firmes y sobre las que los promotores no puedan apelar mediante un recurso de casación, llegará el momento en el que el Cabildo "mirará una por una" la situación de cada uno de los establecimientos invalidados, para ver si "pueden meterse dentro de la norma actual", afirmó la presidenta, refiriéndose a la posibilidad de que algunos de los establecimientos puedan llegar a legalizarse. Pero quiso matizar sus declaraciones añadiendo que "habrá cosas irrenunciables que no podremos de ninguna manera legalizar" por lo que Manuela Armas concluyó que "si al final de este camino hay que tirar algún hotel, pues se tira tranquilamente como se tira cualquier muro de cualquier vecino o cualquier cuarto que se salga fuera de planeamiento".
El proceso que se avecina
En las últimas semanas han sido varios los procesos que se han resuelto a favor del Cabildo y anulando licencias en el sur y en Costa Teguise. Según fuentes judiciales, se esperan en los próximos meses nuevos dictámenes en la misma línea que los ya emitidos y comienza ahora otro proceso, el de las consecuencias para los establecimientos cuyas licencias han quedado invalidadas.
De las nueve sentencias emitidas, en seis de ellas no cabe recurso alguno, por lo que una vez que el Tribunal decrete el archivo definitivo de la causa (acto formal con el que se devuelve el expediente a la administración que fue demandado) remitirá una orden a los Ayuntamientos de Yaiza y de Teguise mandándoles a que cumplan las sentencias anulatorias de las licencias "practicando lo que exige el fallo de las sentencias", es decir, para que dejen sin efecto alguno las licencias que han sido declaradas ilegales en esas sentencias, para lo cual tendrán los ayuntamientos afectados un plazo máximo de dos meses. Pero si transcurrido ese plazo no se hubiera cumplido con las sentencias por parte de los Ayuntamientos, o el Cabildo no estuviera de acuerdo con las medidas que haya tomado el Ayuntamiento en cuestión, puede pedir al Tribunal la ejecución forzosa de la sentencia para llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Es entonces cuando la Justicia inicia un procedimiento en el que escucha lo que quiere cada una de las partes y finalmente decide qué hacer con la edificación que se hizo ilegalmente. Muy cerca de la fase de ejecución de sentencias se encuentran varios hoteles en la isla de Lanzarote. El Cabildo espera que para finales de verano los tribunales comiencen a marcar ejecuciones de los dictámenes relativos a hoteles como el Son Bou, anexo al Hotel Princesa Yaiza en Playa Blanca y el Iberostar Papagayo, entre otros.
Posibles convenios
En todo este proceso el Cabildo de Lanzarote tiene previsto analizar sentencia por sentencia la situación de cada uno de las licencias ilegales y los motivos por los que el establecimiento no se edificó respetando los estándares de calidad a los que obligaba el PIOT de 1991 y al cupo de plazas turísticas establecido en la Moratoria de 2000. Según señalan desde el Cabildo Insular, habrá casos en los que los complejos sean legalizables, principalmente si sus infracciones atienden a cuestiones como que se construyeron más plazas de las que estaba permitido para ese Plan Parcial o por no alcanzar las cuatro estrellas o cuatro llaves de categoría a las que obliga el PIOT del 91 a todos los alojamientos turísticos que desde ese momento se construyeran en la isla.
En ambos supuestos podría ser viable una negociación entre Cabildo y Ayuntamientos o entre Cabildo y promotores en la que se legalizaría el establecimiento a cambio de desclasificar camas en otro lugar del Plan Parcial por ejemplo en el primero de los casos, y la realización de reformas en el establecimiento que le permitiera conseguir subir de categoría hasta las cuatro estrellas o llaves obligatorias.
Tampoco es descartable, según señalan desde el Cabildo, la posibilidad de llegar a acuerdos económicos que permitan obtener dinero para destinarlo a desclasificación de suelo u otras medidas de contención. En esta situación se encontraría el Hotel Natura Palace, en Playa Blanca,cuya licencia ha sido recientemente anulada principalmente por incumplir la programación de camas turísticas estipulada por la Moratoria para el Plan Parcial Montaña Roja.
Pero habrá casos en los que no cabrá negociación alguna porque, tal como puntualizan fuentes jurídicas, "el Cabildo no puede hacer un convenio para regularizar lo que incluso podría llegar a considerarse un presunto delito urbanístico, que también está siendo actualmente investigado en la vía penal". Esos serán casos como el Hotel Papagayo Arena, cuya expropiación para ser demolido también está en trámite por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que en principio aparece como el caso más grave de los existentes actualmente en los tribunales.
Consecuencias
Pero cada una de las sentencias firmes que invalidan las licencias autorizadas tiene otras consecuencias inmediatas sobre establecimientos hoteleros en funcionamiento, como el Son Bou o el Iberostar Papagayo, en Playa Blanca. Según fuentes jurídicas son establecimientos que pasan a estar abiertos de manera ilegal porque la necesaria Licencia de Apertura Turística y Puesta en Funcionamiento únicamente puede concederla el Cabildo, si existe licencia para edificar el establecimiento, pero teniendo en cuenta que los tribunales han anulado esas licencias, el Cabildo puede dejar sin efecto la autorización de apertura. Aunque el cierre de cualquiera de estos hoteles únicamente compete al Gobierno de Canarias que mantiene sus responsabilidades en materia de sanción e infracción turística.
Otro tipo de consecuencias para estos establecimientos, sería la retirada de subvenciones concedidas por parte de las instituciones para la edificación de instalaciones hoteleras. Si la licencia por la que se edificaron esas instalaciones es ilegal, los promotores se verían obligados a devolver el montante de la subvención que en su momento recibieron. Según especifican fuentes jurídicas, se calcula que hay más de 28 millones de euros (4.700 millones de las antiguas pesetas) repartidos en subvenciones a establecimientos con licencias ilegales.
