El fiscal emitió un dictamen el pasado 9 de febrero, dentro del caso de concesión de licencias ilegales a hoteles en Yaiza y Teguise, en el que destaca que el denunciante, Carlos Espino, debió haber puesto a disposición judicial todas aquellas licencias de las que el Cabido de Lanzarote tenía constancia y no sólo aquellas en las que estaba personada la corporación.
Señala el fiscal que "si lo que ha venido a denunciar el consejero de Política Territorial es esa trama urbanística delictiva en Yaiza no debía haberse ceñido en sus denuncias a los recursos interpuestos por el Cabildo, sino que tendría que haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial todas las licencias de las que dicho Cabildo tuviera conocimiento y que se concedieron siguiendo ese mismo patrón descrito, tanto turísticas como residenciales, porque tan delictivas pudieran ser unas como otras".
La Fiscalía subraya que el objetivo de hacer éstas y otras consideraciones es el de tratar de determinar con precisión el objeto del proceso y de las personas involucradas en él. Pide que el Cabildo remita un informe de la situación en que se encuentran los recursos mencionados en el informe que dio pie a la denuncia, tanto si están en trámite, están resueltos o se ha desistido de ellos.
Con respecto al Plan Parcial Playa Blanca, dice el fiscal que no se comprende por qué no se denuncian las licencias dentro de ese plan parcial "que ya se conocían y que incluso se habían recurrido por el propio Cabildo".
También hace referencia al informe de Agustín Domingo Acosta, y destaca que se incluye en él una tabla donde se relacionan 36 decretos de alcaldía recurridos y luego una parte específica con los casos más representativos. El fiscal considera que esto "parece que debe interpretarse a título orientativo para que el órgano judicial entienda ese modo de proceder organizado que se denuncia".
TRES HOTELES
En este sentido, destaca el caso del hotel en la parcela H-2 del plan parcial Castillo del Águila, que no se incluye en la parte específica y los dos hoteles de Puerto Calero, cuyas licencias también han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque el Cabildo retiró los procedimientos, y de los que no se aportan datos en la querella.
Señala la Fiscalía que "el objeto del proceso no lo puede delimitar la llamada parte especial [del informe que da pie a la denuncia], sino que quedó en principio delimitado por todas las licencias que se mencionan como recurridas y que se han denunciado porque se vienen a calificar de ilícitos penales, además de administrativos".
ACN Press
