"Trataron de enmascarar un acto ilegal, omitiendo todos los trámites". "Artificiaron un expediente, simulando la legalidad, cuando las obras ya estaban prácticamente terminadas". Ésa ha sido una de las conclusiones finales del fiscal delegado de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, que ha querido subrayar que éste "no es un juicio por los baños de Los Dolores, es un juicio por prevaricación", además de otros delitos de daños al patrimonio y construcción ilegal. "Todo lo demás puede ser más mediático, pero no es lo que se está juzgado", ha afirmado, agregando que "muchas veces los gobernantes se acogen a la utilidad pública para enmascarar la prevaricación".
Además, ha hecho referencia a las sentencias que en los últimos años han condenado a políticos lanzaroteños, como José Francisco Reyes y Juan Ramírez, "en juicios que tanto el fiscal de Arrecife de Medio Ambiente como yo hemos llevado". "Son distintas modalidades de prevaricar", ha señalado, afirmando después que con este caso, se ha puesto sobre la mesa una "nueva modalidad de prevaricación". Una modalidad que, según el fiscal, "consiste en tratar de legalizar a posteriori". Además, ha advertido que podría ser la que se imponga de ahora en adelante, "salvo que haya una sentencia condenatoria", ante lo que considera que es "una prevaricación de libro".
En concreto, el fiscal sostiene que, [tal como reconoció durante el juicio la persona que construyó los baños->53691], los trabajos se iniciaron antes incluso de que se adjudicara la obra y se firmara el contrato, y también antes de que se firmara la resolución del entonces presidente del Cabildo, Dimas Martín, que autorizó las obras.
"Expediente fantasma"
El fiscal considera probado que cuando ya se habían iniciado los trabajos, y fueron denunciados, se les intentó dar legalidad, con esa resolución de presidencia, que tampoco contaba con informes de la comisión de patrimonio ni con licencia municipal."No he visto un expediente más flagrante de irregularidad", ha subrayado el fiscal, al referirse a lo que considera "un expediente fantasma".
No había proyecto de la obra, sino sólo una memoria valorada (que ha sido definida en el juicio como un presupuesto), que fue realizada por la Oficina Técnica y que, según ha defendido el fiscal y varios técnicos y testigos, se elaboró cuando las obras ya habían comenzado. Tampoco nadie se ha hecho cargo durante el juicio de la decisión sobre dónde debían ubicarse los baños. Sin embargo, un albañil autónomo con algunos operarios a su cargo empezó a trabajar en la zona de los baños a principios de julio de 2003, según confirman los testimonios y las fotos aportadas por los agentes del Seprona.
El Cabildo aprobó este gasto de unos 59.000 euros para construir los baños el 30 de julio y la obra se adjudicó finalmente el 6 de agosto,por lo que el fiscal se pregunta qué igualdad de concurrencia al concurso pudo haber, si ya estaba el constructor trabajando desde un mes antes.
"No sé en qué han invertido los casi 60.000 euros. No es objeto de este proceso el posible desvío de ese dinero, pero sí la prevaricación", ha afirmado el fiscal. Y es que si los nuevos hechos que se han puesto sobre la mesa pudieran ser objeto de investigación, tendrían que dirimirse en otro juicio.
Eso sí, sobre este tema, y considerando que en la zona de Los Dolores ya existían unos baños antiguos, que están en desuso, el fiscal ha vuelto a preguntarse por qué no se acondicionaron para evitar esta "atrocidad". "¿Era mejor gastarse 60.000 euros de dinero público para poner dos urinarios más?"
Acusación particular
En cuanto a las conclusiones del abogado de la acusación particular, coincidió con el fiscal en que "no se está juzgando la necesidad de los baños. Tampoco si existe integración con el Bien de Interés Cultural", sino la comisión de presuntos delitos en la realización y autorización de las obras.
Respecto a los delitos que se imputan a los acusados, señaló que además de los informes del Seprona y de los técnicos del patrimonio, también el párroco, que declaró como testigo y defendió las obras de los baños, terminó reconociendo que en la zona había colada volcánica. "Si había y ahora no hay, el daño es evidente", afirmó el abogado de la acusación.
Además, también subrayó que no sólo es que los imputados no pidieran permisos antes de autorizar las obras, si no que si los hubieran pedido, "sabían que no se lo iban a dar".
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