Diego Martín Reyes, abogado y ex presidente de la gestora que gobernó Marbella tras la detención de la mayoría de sus concejales, explicó el jueves por la mañana durante las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental el caso de la ciudad andaluza y su situación actual.
Martín intervino en el salón de actos ante unas doscientas personas y explicó la situación que se encontró en el Ayuntamiento al acceder al cargo en 2006. Había unas 30.000 viviendas ilegales más seis hoteles, centros comerciales y otro tipo de edificios en la misma situación.
Además, mil licencias no aprobadas pero resueltas a través de convenios privados, tres planes generales que se aplicaban a conveniencia, setecientos recursos contenciosos, noventa autos de medidas cautelares no cumplidos y una deuda de 468 millones de euros.
No había aparato administrativo prácticamente, ni servicio jurídico. Los ingresos mensuales no llegaban a 300.000 euros y los gastos superaban los trece millones. La plantilla ascendía a 800 funcionarios y 2.500 empleados de empresas municipales. "Más del 80 por ciento de los vecinos de Marbella tenían relación directa con el Ayuntamiento", señaló Martín.
En este sentido aseguró, con vehemencia, que "la corrupción se propaga porque se reparten migajas para todos" y que "la población tiene que dejar de ser cómplice de la corrupción". Según Martín, "cuando el urbanismo aflora como corrupción, detrás hay muchísimo más".
Compensaciones
El abogado explicó que la intención de la gestora fue la de legalizar muchos de estos edificios pero consiguiendo compensaciones para el interés general. Se iniciaron 120 revisiones de oficio de licencias y sólo se culminaron tres. Después los intereses políticos, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento y el interés electoralista hicieron que se abandonara ese proceso. "A veces hay que perder elecciones para ganar el futuro", señaló.
Según Martín tan sólo se llegará a tirar unas quinientas viviendas, no va a haber compensaciones al interés general y se especula con dar licencias a cuenta de un plan futuro. Destacó que no se puede entrar a derribar todo pero tampoco se pude legalizar todo sin más porque "se lanza el mensaje de que la infracción es rentable".
Finalmente también criticó a los jueces y fiscales de quien señaló que no habían tenido claro cuál es el interés general. No aceptaron las medidas cautelares hasta 2003 y después no ordenan que se ejecuten las sentencias de demolición.
Martín Pallín
Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que abrió las jornadas, explicó las reformas en el Código penal de los delitos urbanísticos. Martín Pallín señaló que el Derecho Penal debe tener protagonismo en esta materia y que ya se ha incluido como infracción los trabajos de urbanización y no sólo los de construcción.
También planteó la importancia de comenzar a aplicar los delitos de blanqueo de capitales y la creación de una agencia estatal de ordenación del territorio así como la importancia de la transparencia en los procesos urbanísticos. Por último señaló que los jueces tiene que hacer ejecutar aquello que juzgan porque si no incumplen su función.
ACN Press
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