El ex concejal de Festejos de Arrecife, Eduardo Lasso (PIL), y un técnico del área, José Nieves Caraballo, han tenido que declarar por primera vez este miércoles como imputados dentro del caso Montecarlo, en la pieza que investiga los pagos del Ayuntamiento de Arrecife a las empresas Inelcon y Señalcon. Ambas empresas están administradas por Carlos Lemes, que también tuvo que declarar el martes como imputado por presunta malversación de caudales públicos.
Según la denuncia presentada en su momento por el fiscal Ignacio Stampa, las dos sociedades de este empresario cargaron una "cuantiosa facturación" al Ayuntamiento de Arrecife, "sin tramitarse expedientes de contratación y por prestación de servicios de todo tipo entre 2008 y 2011". Un periodo en el que pasaron por el Ayuntamiento hasta tres grupos de gobierno distintos (el PSOE-PIL, el PP-PIL-PNL y el PP-PSOE).
La Fiscalía sostiene que durante ese tiempo se produjo un fraccionamiento en las facturas para evitar los trámites legales de contratación establecidos para esas cuantías, "así como un inflado de los importes facturados". Y todo ello, pese a que había incluso advertencias de los técnicos del Ayuntamiento.
Más de 250.000 euros sólo por unas Navidades
En su denuncia, el fiscal advertía de la gran "magnitud" de esta pieza, por el volumen y los importes de las facturas de Inelcon y Señalcon a investigar. En uno de los casos, Instalaciones Eléctricas Conejeras llegó a cobrar más de 250.000 euros sólo por distintos servicios prestados en las Navidades de 2010, incluyendo varios que nada tenían que ver con la electricidad.
En esas fechas, la empresa cargó al Ayuntamiento facturas por conceptos muy similares relativos a las luminarias navideñas, pero también cobró por distintos servicios dentro de la Cabalgata de Reyes, incluyendo los disfraces y complementos. Entre otras, pasó facturas por conceptos como "vestuario completo para cabalgata de reyes", "personal y complementos para cabalgata de Reyes", "actividades durante los actos de la campaña de Navidad" y "animación de la Cabalgata de Reyes".
Con motivo de otras fiestas, en este caso el Carnaval de 2011, Inelcon también prestó servicios similares al Ayuntamiento, que poco tenían que ver con la electricidad. Así, cobró 14.049 euros por la organización de "talleres de pintura facial, talleres de caretas del carnaval, globoflexia y muñecos animados de Minni y Mickey durante el acto del Carnavalito infantil, seis cabezudos en pasacalles tradicional, siendo estos vieja, viejo, pepeye, bruja, rey y reina, tres azafatas durante el transcurso de las fiestas y coordinación del personal participante".
Un aumento "fraudulento" del 22 por ciento
Además del supuesto fraccionamiento de contratos para evitar el concurso público y del "elevado precio del servicio", la Fiscalía también considera que se produjo un aumento "fraudulento" en las facturas del 22 por ciento, por conceptos que no deben incluirse en un contrato de servicios.
Concretamente, Inelcon aplicó a todas las facturas un 16 por ciento de gastos generales y un 6 por ciento de beneficio industrial, como si se tratara de facturas de obras, cuando el fiscal sostiene que realmente eran de servicios, que no deben incluir estos cargos. De hecho, subraya que en otras facturas de "montaje y desmontaje" de iluminación o decoración, la empresa no aplica esos porcentajes.
Advertencias de la oposición
Algunas de las facturas de Inelcon fueron pagadas a finales de la pasada legislatura, durante el pacto entre el PP, el PIL y el PNL, en el que Cándido Reguera ocupaba la Alcaldía y Eduardo Lasso la Concejalía de Festejos. Sin embargo, otras facturas fueron abonadas ya en esta legislatura, durante el gobierno de PP y PSOE, en el que Reguera seguía ocupando la Alcaldía y José Montelongo estaba al frente de Hacienda.
Durante esa etapa, concretamente el 18 de noviembre de 2011, se aprobó un reconocimiento extrapresupuestario de deuda de múltiples facturas. Entre ellas, se encontraban algunas de las que pasó Inelcon por las Navidades de 2010.
En esa sesión en el Ayuntamiento, la oposición advirtió de que el abono de esas facturas iba "contra la Ley de Contratos", y cuestionó también si se había supervisado que los trabajos se prestaron realmente. Sin embargo, tanto el interventor, Carlos Sáenz, como el entonces concejal de Hacienda, José Montelongo, defendieron estos pagos.
