ACNJosé Carlos Mauricio, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del grupo parlamentario popular, Jorge Rodríguez, acerca de las cuantías necesarias que tiene que aportar el Gobierno español para satisfacer el incremento de la población residente en Canarias, manifestó además que ese asunto, en la actualidad, se encuentra en una fase "importante pero no definitiva de decisión", ya que se está negociando.
Mauricio avanzó que el próximo 28 de junio se reúne el Consejo Político fiscal y financiero, en el que se estudiarán los trabajos del grupo de población constituido en septiembre del pasado año para comprobar los desfases en financiación ocasionados por el aumento de la población. Además, apuntó que a mediados de julio, fechas en la que se celebrará la conferencia de presidentes, será cuando se alcancen los primeros acuerdos.
Las soluciones, en julio
Según el consejero de Economía y Hacienda, en esa conferencia "habrá una primera solución" para un primer ajuste del modelo de financiación sanitaria en enero de 2006- referente a los Presupuestos Generales del Estado- y ya para enero de 2007 sobre el conjunto de financiación.
En referencia al incremento de la población, José Carlos Mauricio resaltó que si España ha crecido al 8% en población protegida, Canarias ha crecido al 14%, casi el doble de la media española entre 1999-2004. Ante esta situación, insistió en que el Gobierno canario calcula que para satisfacer las necesidades de esa población, el Estado tiene que aportar entre "75 y 110 millones de euros anuales como mínimo". De hecho, consideró que con 200 millones más: 100 del Gobierno canario y 100 del central se resolvería la mala estimación de la población de las Islas que se ha efectuado en los últimos años.
Orígenes del grupo de población
Durante su intervención, José Carlos Mauricio también explicó cuáles fueron los orígenes del Grupo de población en el Consejo político, fiscal y financiero. Según dijo, fue en septiembre de 2004 cuando se constituyó a iniciativa de las comunidades autónomas de Canarias y Murcia, "que junto con Baleares son las que tienen cierto desfase de población".
Mauricio precisó que este grupo, que se ha reunido durante este tiempo unas cinco veces, defiende que se discuta en Madrid el tema de la población protegida y la de residente, frente a otras comunidades que "como pierden población dicen que la financiación se ha de medir por el indicador de población más vieja".
Batalla con Galicia y Castilla León
"Las comunidades del PP no están de acuerdo con el criterio que defiende Canarias: que se haga un primer ajuste sobre un dato objetivo como es el principio de población objetiva", aclaró José Carlos Mauricio, al tiempo que resaltó que la "batalla" del día 28 se lidiará con las comunidades de Galicia y Castilla León, que apuestan por el indicador de población envejecida. En este sentido, el consejero manifestó su preocupación por las reuniones que han llevado a cabo los representantes del PP en otras comunidades autónomas, quienes "desautorizan las reuniones del grupo de población".
El portavoz popular, Jorge Rodríguez, preguntó si la Comunidad Autónoma Canaria ha planteado formalmente un sistema fundamentado en población protegida, a la vez que expresó su preocupación porque en los últimos 5 años haya aumentado la población y porque el Ejecutivo central de Zapatero "muestre desinterés por resolver con urgencia el problema".
José Carlos Mauricio, en su segunda intervención, además de aclarar que cuando se aprobó en 2002 el modelo de financiación autonómica "los canarios estábamos muy satisfechos", pero que después se comprobó que no tenía en cuenta la actualización de población, hizo hincapié en que la negociación de la financiación no es "bilateral" Canarias-Estado, sino entre todas las comunidades autónomas y recalcó que es muy importante que Cataluña "no arranque el modelo que quiere de espacios autonómicos, propio de las comunidades ricas".
No obstante, matizó que "la dificultad" que tiene el modelo canario es que tienen que "convencer" a muchas comunidades autónomas que el indicador de la vejez no es válido, porque se tiene en cuenta ya en la financiación de pensiones.
