El Diputado del Común ha dirigido un escrito al concejal de Urbanismo de Arrecife, Samuel Martín, en el que le recuerda su "deber legal de colaborar" y vuelve a reclamarle un informe sobre La Bufona, que fue solicitado por primera vez hace casi un año. El expediente en esta institución se inició a raíz de una queja presentada por Gonzalo Murillo, que entre otras cosas sostiene que el problema de La Bufona no afecta solo a las 14 viviendas que tienen dos órdenes parciales de demolición –una de la Apmun y otra judicial-, sino "a todas aquellas que están situadas al sur de la calle El Chabusquillo y que invaden viales, zonas verdes, espacios públicos y aparcamientos públicos".
En base a los informes recabados hasta el momento, Murillo afirma que se autorizaron segregaciones ilegales sobre suelo rústico y denuncia que el Ayuntamiento "ha permitido" desarrollar esa zona "careciendo de accesos viarios con carreteras de interés regional", como son la LZ-2 y la Circunvalación de Arrecife, generando puntos negros de tráfico en la zona. Además, recuerda que el Tribunal Supremo ya declaró nulo el Plan Parcial que permitió su desarrollo.
Tras la queja de Murillo, el Diputado del Común se dirigió al Ayuntamiento pidiendo que informara sobre la situación de esas viviendas y del Plan Parcial, pero solo recibió "un informe incompleto". Así lo advirtió en noviembre de 2016, cuando envió un nuevo escrito al concejal de Urbanismo de Arrecife, reclamándole un dictamen del secretario que habían anunciado que le remitirían. "Dado el tiempo transcurrido desde que enviaron el fax anunciándolo, solicitamos que nos dé cuenta del citado informe sin más dilación", señalaba el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, en ese escrito.
Nuevo requerimiento
Pese al requerimiento de hace 4 meses, la respuesta ha seguido sin llegar, por lo que Saavedra se dirigió de nuevo al Ayuntamiento el pasado mes de marzo. "Le informamos de que con fecha 2 de marzo de 2017, ante la falta de respuesta, hemos remitido recordatorio del deber legal de colaborar al concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife", explica el Diputado del Común en un escrito dirigido a Murillo.
Según el denunciante del caso La Bufona, esa consulta a la que "no contesta Samuel Martín salvaguardaría los intereses de los compradores de las ilegalizables viviendas situadas en el Plan Parcial La Bufona-Interior, que podrían haber sido objeto de una estafa en el momento que se les han vendido viviendas situadas en parcelas que invaden suelo rústico de protección ecológica (Jable)".
Entre otras cosas, Murillo hace referencia a un informe técnico elaborado ya en el año 2004 por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, que concluía que se había excedido la delimitación aprobada y que por tanto se habían ocupado "espacios de especial protección ecológica". En la calle El Chabusquillo y en su prolongación, esa delimitación permitía un fondo construible de 15 metros, más 3 metros de retranqueo, pero según el denunciante, el propio Ayuntamiento autorizó "licencias de obra para construir con un fondo de casi 30 metros". A esto, añade que "no conformes con esta ilegalidad, se ha permitido construir en dicha calle con un fondo de más de 40 metros". En el caso de las viviendas que tienen ya orden parcial de derribo, la parte que ordena tirar la Apmun es precisamente ésa que no tenía siquiera cobertura de una licencia.
Ahora, junto a otros pasos que ha emprendido en distintos frentes, Murillo ha pedido al Ayuntamiento que "identifique al funcionario que autorizó en su día los proyectos de urbanización que presentó el arquitecto Federico Echevarría Sáenz" –ya condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio en el caso La Bufona- "sobre suelo rústico protegido, sobre viales, sobre zonas verdes, sobre espacios públicos y sobe aparcamientos públicos, sin haber cumplido previamente con las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, que es condición ineludible para poder conceder licencias de obra".
