El pasado viernes, el concejal de Urbanismo de Arrecife, Antonio Hernández, firmaba un esperado documento: el decreto que declara La Rocar como "ruina inminente". Tras más de tres meses de trabajo en los que se han elaborado informes técnicos, sanitarios y medioambientales, Hernández tiene en mano el instrumento que permitirá demoler las naves ubicadas en el Islote del Francés. "Entendemos que esto es un peligro para los ciudadanos que viven allí, y nosotros queremos prever y derribar ese foco de infección que tenemos en la ciudad de Arrecife", ha declarado el concejal.
El Ayuntamiento ha comunicado la noticia a los propietarios del Islote del Francés, que en principio tendrían que acometer este derribo. Un derribo cuyo coste, según los informes, está estimado en torno a los 700.000 euros. "El problema es que los techos de algunas naves son de amianto y hemos tenido que recurrir a una empresa de Valencia porque habría que quitar las placas una a una y transportarlas a Valencia, ya que aquí no tenemos vertederos especializados para este tipo de material", ha explicado el concejal de Urbanismo. "Esa es una de las cosas que encarecen muchísimo el proceso".
En caso de que los propietarios decidan no acometer este derribo, el Consistorio capitalino actuará y llevará a cabo la demolición, tal y como ha explicado Hernández. "Es una orden del Ayuntamiento, así que si al final tenemos que actuar, se embargaría a la propiedad", ha matizado el concejal. En todo caso, en el Ayuntamiento de Arrecife se respira optimismo. "Yo quiero pensar que siempre se ha mantenido un diálogo con la propiedad así que espero que haya una colaboración y una coordinación entre ambos", ha señalado Hernández. "Entiendo que cuando hay una ruina inminente, no hay recursos que valgan", ha señalado respecto a la posibilidad de que los propietarios decidan interponer un recurso.
Según el decreto firmado el pasado viernes, el derribo de La Rocar se llevará a cabo en plazos de 15 a 72 días, dependiendo de las características de cada zona. En cuanto a las personas que viven allí, podrán abandonar las naves hasta el día anterior a la demolición, tal y como ha afirmado Antonio Hernández. "El área de Asuntos Sociales tiene un censo de estas personas, e incluso tiene contacto con los ayuntamientos de su lugar de origen, por lo que existe la posibilidad de enviarles a su ciudad", ha explicado Hernández.
ACN Press
