El secretario general del PSOE de Lanzarote y denunciante en el caso de las licencias urbanísticas de Yaiza y Teguise, Carlos Espino, declaró la pasada semana en el Juzgado como testigo y aseguró que no se recurrieron unas 200 licencias de Playa Blanca porque se iba a colapsar el Cabildo ante el volumen de las mismas.
A preguntas del fiscal, Espino aseguró que se seleccionaron las licencias a denunciar, cuando ejercía como consejero insular de Política Territorial, porque carecía de la documentación necesaria para fundamentar la denuncia por alguna de ellas y que estaba limitado "por los informes técnicos y el asesoramiento y además de que algunas competencias pertenecían a la Apmun [Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias]".
Según Espino, los asesores indicaron que esas 200 licencias iban a colapsar el Cabildo. Esas autorizaciones administrativas, en Playa Blanca, son las que ahora han anunciado algunos promotores que obtuvieron permisos declarados ilegales (reunidos en la mercantil Ledesdorfe) que van a recurrir en los tribunales.
Espino señaló que propuso crear una oficina para terceros perjudicados de buena fe que pudieran verse afectados y que "si por él hubiera sido hubiera procedido según su criterio y contra esas doscientas licencias" pero se siguió el criterio de los asesores.
Durante su declaración, Espino señaló a Felipe Fernández Camero como la persona que decía a los ayuntamientos que no se hiciera entrega al Cabildo de las licencias y que esto se refleja en las contestaciones a las demandas del Cabildo.
REUNIÓN EN 2006
Por otra parte, Espino señaló que en el año 2006, antes del verano, la entonces presidenta del Cabildo, Inés Rojas, convocó una reunión a la que asistieron, al menos, ellos dos, el vicepresidente entonces Mario Pérez, los técnicos del Cabildo Leopoldo Díaz y Esteban Armas, y Felipe Fernández Camero, en calidad de asesor de los promotores afectados por las licencias anuladas, y según el dirigente socialista, también en calidad de asesor de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise.
En dicha reunión, que confirma la declaración del técnico Leopoldo Díaz, quien dice que Camero ejercía la defensa de los promotores, este último propuso rebajar la edificabilidad del plan parcial Montaña Roja (el único que cumplía el Plan Insular de Ordenación y no afectado por la Ley de Moratoria) trasladando un número de plazas a otros planes parciales.
Respecto al proceso que se siguió para interponer la denuncia, Espino señaló que tras al acuerdo plenario acordado para elaborar el informe de irregularidades en la concesión de licencias, que se encargó al abogado Agustín Domingo Acosta, entrega dicho dictamen en la Udyco del Cuerpo Nacional de Policía por considerar que era una unidad especializada y después se adhiera el informe hecho a su vez por esa unidad policial.
ENTREGA DEL INFORME
Así, Carlos Espino señaló que entregó una copia del borrador del informe antes de llevarlo a la policía al entonces vicepresidente del Cabildo, Mario Pérez (socio de gobierno por CC), y que le informó de que iba a llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción, aunque después optara por la Udyco. También aseguró que la entonces presidenta, Inés Rojas, conocía la existencia del informe porque Pérez la llamó por teléfono para indicárselo en su presencia.
El consejero aseguró que se arrepiente de haber comunicado el contendido del informe a sus compañeros en el grupo de gobierno porque aparecieron noticias que podrían perjudicar la investigación.
La entonces presidenta del Cabido suscribió un comunicado el 24 de mayo de 2007 en el que anunciaba que la corporación iba a denunciar a Espino por un delito en la custodia de documentos públicos por apropiarse del informe, aunque no trascendió el texto de dicha denuncia ni su entrada en el Juzgado. Rojas aseguraba en esa nota oficial que la institución insular tuvo conocimiento del informe a través de los medios de comunicación.
ACN Press
