El convenio que el presidente, Pedro San Ginés, elevará este jueves al Consejo Insular de Aguas reconoce el "derecho" de Club Lanzarote a producir agua en Montaña Roja. Además, aunque el texto establece que a partir de ahora será el Consorcio de Aguas quien lleve a cabo "el abastecimiento domiciliario y depuración", lo cierto es que lo hará a través de Club Lanzarote, que seguirá encargándose no solo de la producción, sino también del "transporte, depuración, facturación y atención al usuario" en este plan parcial.
Así, el Consorcio pasaría a figurar en el papel como el responsable de la venta de agua, pero a su vez cedería a esta empresa la "gestión" del agua, incluyendo la facturación. Y Club Lanzarote seguirá quedándose con el dinero que cobre por este servicio. La única diferencia es que la empresa pagaría un canon al Consorcio, correspondiente al "15 por ciento de lo facturado por el total de servicios". Y para los nuevos "enganches a la red", el Consorcio se quedaría con el 50 por ciento de lo facturado.
No obstante, dado que sí se reconoce su derecho a producir agua para autoconsumo, queda fuera de este pago el suministro para la propia empresa, que "podrá utilizar la desaladora" para abastecer a su hotel, el Natura Palace, "así como cualquier otro consumo propio de Club Lanzarote", como "oficinas, hoteles y villas". Y la empresa también controlará directamente "el riego del futuro campo de golf y jardines del Plan Parcial" con agua regenerada de la depuradora, sin realizar ningún pago por ello.
Para que pueda hacerlo, el Consejo se compromete a renovar las autorizaciones que le concedió en 2001 a la depuradora. Y también autorizará "cuantas ampliaciones sean necesarias" para que Club Lanzarote "asegure una producción mínima de agua equivalente al consumo del Plan".
Las mismas tarifas que en el resto de la isla
En cuanto a las tarifas para los vecinos, serán las mismas que aplica Canal Gestión en el resto de la isla. "El Consorcio facturará, a través de Club Lanzarote, a los usuarios y vecinos de la urbanización Montaña Roja a los mismos precios y en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos de Lanzarote", señala el convenio.
En cuanto a su duración, se estipula que estará vigente "hasta la completa recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial Montaña Roja por el Ayuntamiento de Yaiza". Después, "la gestión global y completa del servicio se realizará por el Consorcio del Agua de Lanzarote". Esto último es lo que estaba previsto que ocurriera desde el inicio, e incluso se plasmó en un convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento, el Cabildo y la empresa el 1 de agosto de 2014, para terminar el desarrollo de este plan parcial.
Sin embargo, un mes y medio después de firmar ese convenio, en septiembre de 2014, San Ginés ordenó incautar la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, sin autorización judicial y sin contar con informes jurídicos por escrito que la avalaran esta medida cautelar. Y cuando esa incautación fue anulada por los tribunales y declarada ilegal, el presidente abrió expedientes sancionadores a la empresa, que concluyeron ordenando la clausura de la planta. Pero esa medida no ha podido llevarse a cabo, ya que supondría dejar sin agua a todo el plan parcial, donde aún no llega la red pública que explota Canal Gestión.
Precisamente la falta de conexión con la red general de suministro es la excepción que plantea el Plan Hidrológico de Lanzarote para autorizar la producción privada de agua. Y es que aunque ese plan establece que toda la producción y distribución debe estar en manos del Consorcio, también recoge excepciones para los casos donde aún no llegue el suministro, como es el caso de Montaña Roja.
El convenio anula la decisión de San Ginés de revocar la autorización
Ahora, tras años de litigio, el convenio que San Ginés llevará al Consejo reconoce que la empresa tiene "derecho a la prórroga de la autorización" que se le otorgó en el año 2004 para producir agua para autoconsumo. San Ginés había revocado esa autorización en marzo de 2016, después de que los tribunales anularan la incautación de la desaladora. Tras esa sentencia, y después de ser llamado a declarar como imputado por la querella de Club Lanzarote, el presidente abrió un nuevo expediente a la empresa y lo remitió al Gobierno de Canarias, pidiendo que actuara para cerrar la planta.
Ahora, el convenio propone dejar sin efecto todos los expedientes abiertos a Club Lanzarote y también ese expediente por el que San Ginés revocó la autorización y denegó la solicitud de prórroga. Las resoluciones de todos esos expedientes habían sido recurridas por la empresa, que en el convenio se compromete también a renunciar a los pleitos abiertos en la vía contencioso administrativa.
Durante este tiempo, el presidente ha sostenido que Club Lanzarote no podía vender agua y que la planta debía ser clausurada. Sin embargo, lo cierto es que no había alternativas para suministrar agua a los vecinos. Ahora, el convenio establece que "el Consorcio de Aguas será quien a cabo el abastecimiento domiciliario y depuración" en Montaña Roja, aunque en realidad será Club Lanzarote –a quien el presidente llegó a acusar en los Juzgados de hasta cinco delitos, incluidos dos contra el medio ambiente- quien siga prestando el servicio.
"No existe beneficio ilícito, ni daño o perjuicio"
Además de "dejar sin efecto" los expedientes y dirigirse a los tribunales para intentar dar por terminados todos los pleitos contenciosos abiertos, el convenio también señala que ambas partes renuncian a cualquier tipo de sanción o indemnización. "Consideran que no existe beneficio ilícito, ni daño o perjuicio que ambas partes puedan reclamarse mutuamente o respecto de terceros, por ningún concepto", señala el texto.
En cuanto a la causa penal abierta contra el presidente, el secretario del Cabildo, Pancho Perdomo, el ex gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado Ignacio Calatayud, seguirá adelante incluso aunque Club Lanzarote decidiera retirarse como acusación particular. Y es que aunque fue esta empresa quien presentó la querella, en el procedimiento está personada la Fiscalía, y también Podemos como acusación popular. Además, la instrucción ya está concluida y a falta solo de que se presenten los escritos de acusación para que se abra juicio oral.
