El Tribunal Constitucional se ha ratificado este martes en la decisión que adoptó la pasada semana y ha confirmado que la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, no podrá presentarse a las próximas elecciones al Cabildo y al Parlamento de Canarias. Así, ha rechazado el último escrito presentado por Acuña, que el pasado jueves volvió a dirigirse al Tribunal tras conocer que su recurso no había sido admitido a trámite.
"El motivo es el mismo que se dio en su día", han señalado a La Voz desde el Tribunal Constitucional, que reitera así que el recurso de Gladys Acuña se presentó fuera de plazo. Además, tal como señalaba la providencia dictada el pasado 9 de mayo, recuerdan que contra ella solo podía presentar recurso el Ministerio Fiscal, que no lo ha hecho, por lo que las actuaciones han quedado definitivamente archivadas.
En cuanto a Acuña, dado que no podía recurrir, lo que hizo fue presentar un escrito pidiendo al Tribunal que "rectificara" su decisión y alegando que la Sala había incurrido en un "error material" al computar los plazos, defendiendo que sí lo presentó a tiempo. Sin embargo, su pretensión ha vuelto a ser rechazada y deberá cumplir la decisión que adoptó la Junta Electoral Provincial y que fue ratificada también por el Juzgado de lo Contencioso, que sí entró al fondo y rechazó los recursos que había presentado la ex alcaldesa.
La doctrina sentada por el Supremo
En esa resolución, la Junta concluyó que las candidaturas de Acuña al Cabildo con Lanzarote Avanza y al Parlamento con Coalición Canaria eran ilegales, dado que sobre ella pesa una condena de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación por omisión en el caso Stratvs.
"Me están criminalizando a mí y a nuestro proyecto político", cuestionó Gladys Acuña al anunciar tanto los recursos ante el Juzgado como su intención de llegar hasta el Constitucional, que es el que ahora ha vuelto a rechazar sus pretensiones. En ellos, la ex alcaldesa sostenía que su inhabilitación es solo para ocupar un cargo municipal -que fue desde donde se cometieron los delitos por los que resultó condenada en primera instancia-, y que por tanto sí podía concurrir al Cabildo y al Parlamento. Sin embargo, tanto la Junta Electoral como el Juzgado han aplicado la doctrina que ha sentado recientemente el Tribunal Supremo, en una sentencia referida al político majorero Domingo González Arroyo.
"La sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal, independientemente del ámbito de la administración pública en que hubiera tenido la comisión del delito", señalaba ese fallo.
En cuanto al hecho de que la sentencia de Stratvs aún no sea firme, cabe recordar que la actual legislación obliga a las personas condenadas por delitos contra la administración pública a abandonar sus cargos desde que se dicta el fallo de primera instancia. De hecho, eso fue lo que obligó a Acuña a dejar la Alcaldía cuando se conoció la sentencia del caso Stratvs, en la que fue condenada junto a otras siete personas.
Respecto a la firmeza de esa sentencia, se da la circunstancia de que precisamente este martes estaba previsto que se reuniera la Sala del Tribunal Supremo para deliberar sobre los recursos presentados por Acuña y el resto de los condenados, aunque su decisión aún podría tardar en conocerse.
