El pasado miércoles, 25 de octubre, el Consejo Consultivo de Canarias notificó oficialmente al Cabildo que aceptaba su petición y que revisaría "el acuerdo, adoptado con fecha 11 de junio de 2001, del Consejo de Administración de Inalsa, sacando a concurso público el contrato consistente en la realización de un proyecto, financiación, ejecución y explotación de una planta desaladora en Janubio". Ahora, una semana después, buenas noticias vuelven a llegar desde este órgano, que finalmente ha dictaminado que el contarto firmado con la UTE Edam Janubio es "nulo de pleno derecho", "por una falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido en la adjudicación del mismo, y por vulneración de un trámite esencial".
Este dictamen es ejecutivo, por lo que en estos momentos se paraliza el Laudo que obligaba a Inalsa a pagar doce millones de euros, al margen de los recursos que pueda presentar la UTE Edam Janubio. "Estamos esperanzados porque estamos hablando del Consejo Consultivo de Canarias, del máximo órgano que vela para que se cumpla la legislación", ha expresado la presidenta del Cabildo, Inés Rojas. "Es muy difícil que otro Tribunal pueda ir en contra de lo que ha dictaminado el Consejo Consultivo".
El próximo jueves, los tres órganos dependientes de Inalsa se reunirán para ratificar la sentencia, y posteriormente trasladarla a la UTE Edam Janubio, y al Juzgado número trece de Las Palmas, para que se paralice el embargo. "Gana lo público sobre lo privado", ha asegurado Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa. "Estamos satisfechos porque estamos defendiendo lo de todos".
Por otra parte, la UTE Edam Janubio cuenta con un mes de plazo para presentar un recurso de reposición ante el Consorcio de Aguas, es decir, ante el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, y en caso de no quedar satisfecho con la respuesta, también podrá recurrir a través de lo contencioso administrativo ante los Tribunales. "Supongo que será la UTE la que recurra", ha indicado Mario Pérez. "Porque a lo mejor hay alguien más, alguna franquicia que se sienta perjudicada, y que recurra".
Conviene recordar que el informe elaborado por la comisión jurídico-técnica creada por el Consejo de Administración de Inalsa para investigar el polémico expediente de contratación de la obra de la planta de desalación de Janubio, que dio lugar al laudo dictado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, definía el contrato como "nulo", al considerar que no cumplía con la ley 48/1998 que regula los procedimientos de contratación de agua y energía por parte de las Administraciones Públicas.
Entre los motivos esgrimidos por Inalsa, destaca el hecho de que la licitación o el anuncio por el que se debía sacar a concurso la obra en cuestión tenía que hacerse público no sólo en el BOE (Boletín Oficial del Estado), sino también en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, obligaciones éstas que, sin embargo, no se llevaron a efecto.
Del mismo modo, y atendiendo a la legislación aplicable, el acuerdo entre Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) y la UTE Edam Janubio no podía darse a conocer en medio de comunicación alguno hasta ser publicado en los diarios oficiales anteriormente mencionados, aspecto éste que también fue vulnerado según la empresa pública de aguas, ya que un medio de difusión estatal se hico eco de esta información con anterioridad.
Con la decisión del Consejo Consultivo, Inalsa vuelve a tener una posición de ventaja respecto a la UTE Edam Janubio. Según ha adelantado el consejero delegado, Mario Pérez, ahora sí estarían dispuestos a entablar una negociación con la constructora para hablar de una posible indemnización por el dinero que invirtió en esa desaladora que nunca llegó a terminarse, pero en ningún caso a abonar la suma establecida en el laudo, que en total asciende a cerca de 12 millones de euros. Y es que Inalsa considera que con la decisión del Consejo Consultivo, ha quedado demostrado que no se les puede acusar de incumplir un contrato que presentaba serias irregularidades.
