Los representantes de los trabajadores presentaron este lunes en rueda de prensa la solicitud de disolución, dirigida a la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, en base a la Resolución del Parlamento de Canarias del año 2000 por la que instaba al Gobierno insular a la "supresión" de la empresa, tal y como había recomendado la Audiencia de Cuentas de Canarias aduciendo que "la organización actual resulta perjudicial para la propia Administración y para los usuarios".
La petición ruega a Insular de Aguas de Lanzarote que "comunique a este Comité de Empresa, a la mayor urgencia posible, no más de 15 días de la fecha de presentación de este escrito (12 de mayo de 2008) las medidas adoptadas para cumplir el mandato del Parlamento de Canarias".
"Solicitamos poner sentido común, un sentido común que los políticos no ponen. Inalsa necesita unidad política y un verdadero plan, necesita un punto de responsabilidad. Necesitamos dinero para Lanzarote y los políticos deben unirse para solicitarlo a todas las administraciones, también a la Unión Europea", declaró Miguel Figueras, integrante del Comité de Empresa.
Figueras añadió que "por ética y moral", el Plan de Viabilidad de la empresa debería haber sido presentado al Comité y al Consorcio "y, como mínimo, al interventor del Cabildo, para que se fiscalizara, pues la sociedad anónima no tiene controles internos propios ni externos".
El portavoz del Comité, David Luna, acompañado de representantes delas centrales sindicales (Intersindical Canaria, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras) y dos independientes, manifestó en la rueda de prensa que el plan "no es más que un documento de intenciones buenas y malas, carente de informes técnicos, jurídicos y económicos que lo avalen. ¿Dónde está el verdadero plan?", preguntó. Agregó que "la inyección de capital privado que propone el plan y su cuantía hace imposible que Inalsa en el futuro siga siendo pública, por la incapacidad de amortizar ese capital año por año en función de la realidad de la empresa".
Los trabajadores están de acuerdo con cualquier plan "que resuelva los años y años de mala gestión en la producción, distribución y reutilización del agua en Lanzarote, siempre y cuando no se acuda a la inyección de capital privado para proveer de infraestructuras básicas a la isla, competencias estas de los organismos públicos".
Exigen, por lo tanto, a los cargos públicos de Lanzarote, "responsables de la situación de Inalsa", que "den ejemplo" y busquen financiación pública del agua para "preservar el patrimonio de los lanzaroteños".
El Comité de Empresa y las centrales sindicales afirmaron que están en contra del acuerdo extrajudicial con la UTE Edam Janubio por la que Inalsa deberá abonar 2,5 millones de euros sin contar con los intereses, "y menos aún podemos estar de acuerdo cuando se justifica el pago alegando la imposibilidad de conseguir financiación de las entidades bancarias".
Según Luna, "no entendemos cómo una empresa de capital público cien por cien propiedad del Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos, no tenga credibilidad ante las entidades bancarias, organismos regionales, estatales y europeos, a la hora de solicitar refinanciación, financiación y subvenciones para las infraestructuras básicas de primer orden".
Los trabajadores admiten que Inalsa necesita una serie de actuacioanes en infraestructuras básicas en gestión económica y de control interno, así como de optimización de la plantilla y de las subcontratas. Inalsa tiene un total de 190 trabajadores directos, número que asciende a 310 con los trabajadores indirectos (subcontratados).
