En la comisión, presidida por el vicepresidente 2º Mario Pérez, se trazaron unas pautas para proteger a las entidades públicas dependientes que vienen prestando en la actualidad los servicios públicos de producción, distribución y abastecimiento de agua potable. Uno de los puntos más importantes al respecto fue el veto a la posible instalación de nuevas plantas desaladoras de iniciativa privada en la Isla.
Además, se discutieron otras alegaciones que la corporación insular propone para el citado anteproyecto. La inclusión de La Graciosa como demarcación hidrográfica para la gestión integral de las normas de protección de la calidad de sus aguas fue otro de los temas esenciales de la comisión. Por otra parte se hicieron una serie de propuestas encaminadas a garantizar la calidad de las aguas marinas para su posterior potabilización, intentando incluir las correspondientes franjas costeras dentro de lo que se denomina "dominio hidráulico", denegando para ello la autorización de efectuar vertidos en zonas próximas a potabilizadoras.
