La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha mostrado su satisfacción por el éxito de las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental, celebradas en Lanzarote la pasada semana. A su juicio, la experiencia ha sido muy enriquecedora y ha permitido el intercambio de ideas y conocimientos con algunos de los máximos defensores de la legalidad urbanística, en los ámbitos de la legislación, la judicatura y la academia.
Los cerca de 300 asistentes en los momentos de mayor presencia de público tuvieron la oportunidad de conocer a fondo, entre otros asuntos, los contenidos de la Ley de Suelo, de la mano del subsecretario del Ministerio de Vivienda, Marcos Vaquer.
El ponente incidió en el proceso urbanizador vivido en España durante la última década y como la actual norma pretende, en consonancia con el artículo 47 de la Constitución, que ampara el derecho a una vivienda digna, regular la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
Según destacan desde el Cabildo, uno de los aspectos que suscitó mayor acuerdo entre los expertos en urbanismo fue la responsabilidad de la ciudadanía en la exigencia del cumplimiento del interés general. Magistrados, abogados, políticos y técnicos coincidieron al señalar que, ante la oleada de corrupción urbanística, la sociedad debe alzar la voz y exigir la actuación firme de la administración y las entidades legislativas y judiciales.
En la mesa redonda moderada por el director general del Ministerio de Industria, el letrado Enrique Jiménez Larrea, se planteó de nuevo la creciente debilidad del concepto de lo público y del beneficio colectivo asociado al territorio.
Por su parte, el ex director de la Agencia Canaria de la Sostenibilidad y el Cambio Climático, Faustino García Márquez, apuntó que los instrumentos de planeamiento que no se abren a la participación son ineficaces ante la falta de sustento social de la norma.
Calificó el desarrollismo urbanístico de "pillaje de los usufructuarios del patrimonio de sus herederos" y añadió: "antes teníamos leyes y ahora tenemos sentencias". Ante esta situación, pidió responsabilidad a los políticos e incremento del nivel de exigencia de la ciudadanía.
