El Ayuntamiento de Yaiza presentó ante el Cabildo Insular, el pasado mes de abril, una relación de las licencias urbanísticas que había concedido entre los años 2000 y 2005. Después de un estudio de los técnicos de la Primera Institución, éstos observaron que de las 406 licencias que el Consistorio daba cuenta, unas 235 incumplían la legalidad. [En el mismo día en el que finalizaba el plazo para iniciar acciones judiciales contra estas licencias, el Cabildo interpuso un recurso, aunque éste sólo afecta a una veintena de ellas->9023], que el Ayuntamiento había otorgado para la construcción de 400 viviendas residenciales.
Este recurso judicial se presentó momentos después de que Francisco Cabrera, consejero por el Partido Popular, abandonara el pleno que se estaba desarrollando y anunciara en una rueda de prensa que se agotaba el tiempo y que la Primera Corporación no había iniciado ninguna medida. Pero la que se tomó instantes después, en opinión de los populares, tampoco es suficiente.
"Han recurrido 20 licencias que afectan concretamente al Plan Parcial de Playa Blanca, pero éste especialmente es el que está suspendido cautelarmente", explica el consejero por el Partido Popular. Cabrera además asegura que "no existe una voluntad de actuar con respecto a los otros planes parciales" donde se también se ha observado que incumplen la legalidad. Francisco Cabrera explica que Inés Rojas no tenía intención de recurrir estas licencias y que estaba intentando "dejar pasar el tiempo de reclamación". Desde esta formación política se ha anunciado que están estudiando la resolución que presentó la presidenta por la que ordenaba la presentación del recurso judicial y "cómo va a repercutir en el territorio y en el PIOT que no se hayan recurrido las 200 licencias restantes".
Por su parte, Carlos Espino, consejero de Política Territorial, ha asegurado que han presentado el recurso sobre 20 "porque son las que hemos entendido los técnicos de la Consejería y yo que eran las que debíamos recurrir", explica. "Las otras 200 licencias son recurribles en menor grado y por eso, hemos entendido que no debíamos hacerlo", afirma el consejero de Política Territorial. Todavía se desconocen cuáles han sido los criterios aplicados para dejar sobre la mesa a más de 200 licencias ilegales, aunque Carlos Espino ha comentado que los explicará en el momento en le que celebre la comisión informativa de su Consejería.
"Destrucción de las políticas de contención"
Franciso Cabrera, consejero por el Partido Popular, ha asegurado que la presidenta del Cabildo "no tenía intención de recurrir las licencias", ya que según comenta no había convocado la comisión de Política Territorial, ni a los portavoces de los partidos políticos "ni lo había incluido en el orden del día del pleno". Cabrera comenta que por eso decidió convocar a los medios de comunicación el pasado viernes para anunciar a los ciudadanos "que la presidenta no estaba por la labor de seguir con las políticas de contención de crecimiento urbanístico en esta isla".
El consejero por el grupo popular está convencido que fue su comparecencia ante los medios la que produjo que se presentara el recurso contra las 20 licencias urbanísticas. "Después de que diera la rueda de prensa, la presidenta se ausenta del pleno. A partir de ahí se empieza a mover un poco para buscar una resolución".
Por su parte, Carlos Espino argumenta que no entiende la actitud de Francisco Cabrera, "ya que le habíamos avisado un día antes de que íbamos a recurrir las licencias". El consejero de Política Territorial explica que los técnicos llevaban trabajando mucho tiempo en este asunto y "que no ha sido una cosa improvisada de primera hora de la mañana".
