A día de hoy sigue sin surgir una explicación convincente que justifique que el Cabildo insular concediera bajo el mandato de la consejera del Partido Popular (PP) María Dolores Luzardo en el Área de Turismo Interior los permisos necesarios para iniciar su actividad con plenos derechos a un complejo de apartamentos de Costa Teguise registrado con el nombre de "Santa Rosa" y que cuenta con la categoría de una llave, tres por debajo de lo que exigen las normas contenidas en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Esta circunstancia, teniendo en cuenta que no aparecen por ninguna parte los teóricos informes en los que se basó la consejera del PP para tomar la decisión, generaron hoy una agria polémica en el seno del actual grupo de gobierno, donde los socialistas no parecen dispuestos a dejar pasar por alto ésta y otras posibles irregularidades urbanísticas.
La historia de la lucha del Cabildo contra la presunta ilegalidad urbanística viene de lejos. El caso más flagrante que se conoce surge en el año 2000, cuando el entonces presidente de la Corporación, Enrique Pérez Parrilla, cansado de que algunos ayuntamientos (dos en concreto, Teguise y Yaiza) incumplieran sistemáticamente el Plan Insular autorizando complejos turísticos que no se correspondían con las normas establecidas, decidió que la institución recurriera todos los permisos municipales que conociera y que fueran en contra de esa gran norma que tanto apoyo popular ha recibido.
Por ello, desde el año 2000 el Cabildo no autoriza nada sin que antes se verifique por parte de la conocida como Oficina del Plan Insular, sin que se compruebe en definitiva que el complejo turístico del que se trate cumple con lo exigido, de ahí que ahora resulte más llamativo y sorprendente el caso que nos ocupa en esta edición de LA VOZ porque es, no ya evidente sino ostensible, que el complejo Santa Rosa no cumple con el PIOT porque éste exige un mínimo de cuatro llaves de categoría y aquel sólo tiene una, es decir, la más baja posible.
Manteniéndonos en el pasado, habría que señalar que hace aproximadamente un mes la oposición en el Cabildo denunció la actuación de María Dolores Luzardo por haber dado los permisos de apertura turística a un complejo de apartamentos de una sola llave en Costa Teguise, concretamente del complejo Santa Rosa.
Al día de la fecha todavía no se han aclarado los motivos que llevaron a los entonces responsables del Área de Turismo Interior del Cabildo a conceder los permisos turísticos de apertura a un complejo de estas características, es decir, uno con la mínima categoría de las contempladas, cuando el Plan Insular prohíbe desde su aprobación en 1991 la construcción de apartamentos de menos de cuatro llaves.
Buceando en la hemeroteca de LA VOZ, cualquiera se puede encontrar con una nota de prensa suscrita por el actual vicepresidente segundo del Cabildo, Mario Pérez, sobre este mismo tema. El 28 de junio de 2002 y como portavoz de Coalición Canaria (CC) denunció la "ceguera" del grupo de gobierno en relación con las obras del citado complejo de apartamentos que, al parecer, habían dado comienzo en aquel año.
Con estos antecedentes surgen numerosas dudas y preguntas sobre un asunto que se viene a sumar a la ingente cantidad de temas relacionados con posibles vulneraciones de algo que merece tanto respeto a la población de la Isla como es la moratoria turística. No parece lógico que la Oficina del Plan Insular haya informado en contra de la construcción de apartamentos de menos de cuatro llaves porque van en contra del PIOT y no se le haya hecho ningún caso, cuando además recomendaba que se recurriesen las licencias municipales que infringen esa categoría mínima establecida en el Plan Insular.
La propia María Dolores Luzardo aseguró hace unas semanas al conocerse el escabroso asunto tras las denuncias de la entonces oposición socialista que ella se limitó a hacer lo que se le había dicho en un informe de técnicos de la propia Corporación, pero lo cierto es que nadie ha visto aún esos informes en los que teóricamente se basaba su decisión, informes que por lo visto justifican que a unos se le pongan pleitos por no cumplir con el PIOT y a otros se les perdonan infracciones.
Dentro del debate que se generó en el seno del propio grupo de gobierno que lidera Inés Rojas se habló de la necesidad de depurar responsabilidades, y casi todo el mundo coincide en que la depuración de esas responsabilidades pasa inexcusablemente por conoce, por pura higiene política, los informes que no aparecen por ningún lado, y si es posible que sus autores expliquen también públicamente a los representantes de la Primera Corporación insular el criterio que al parecer les llevó a una conclusión que pugna abiertamente con la línea de actuación que se ha seguido desde el año 2000, cuando comenzaron a recurrirse todos los complejos turísticos que no cumplían con el PIOT.
De igual modo, no estaría de más conocer si se contrastaron todos esos informes con todos los técnicos de la institución relacionados con urbanismo, con el PIOT y con los contenciosos que mantiene el Cabildo. A la vista de estos hechos, además, parecía lógico pensar que tanto Mario Pérez como Carlos Espino, dos responsables en distintos momentos del Área de Política Territorial que denunciaron el asunto, respondieran sobre la situación del mismo.
