Manuela Armas, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, ha cumplido su palabra y, como había anunciado, no ha acudido este miércoles a la reunión que el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, convocó con el objetivo de abordar el conflicto de los hoteles declarados ilegales por la justicia en la isla conejera.
El planteamiento por el que Berriel decidió reunir a los implicados: por parte del Gobierno de Canarias, su consejería y la de Turismo, la presidenta y consejera de Política Territorial del Cabildo, empresarios, los sindicatos CCOO y UGT, y los alcaldes de Yaiza y Teguise, municipios en los que se encuentran los hoteles afectados, concluyó con la única presencia de los alcaldes en representación de la Isla.
Los sindicatos critican la convocatoria
"Antes de nada se tienen que reunir los técnicos y los servicios jurídicos del Gobierno canario con los del Cabildo", ha expuesto Armas. Y la misma opinión ha sido compartida por el consejero Carlos Espino y por algunos sindicatos, como es el caso de Comisiones Obreras (CC) de Lanzarote.
El secretario del grupo sindicalista, Ramón Farray, ha asegurado que "seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores pero no así, cuando nos han convocado fuera de contexto y de manera descoordinado". En este sentido, ha lamentado que "desde Canarias y los poíticos están creando polémica en lugar de dar soluciones al problema y al pueblo" y ha sostenido que "ya está bien de que nuestro voto sea tan sólo un cheque en blanco para que hagan lo que quieran".
Por su parte, la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha criticado la ausencia de las fuerzas sindicales durante la reunión. "No entendemos cómo los sindicatos no han acudido a una reunión que les afecta", declaró la alcaldesa, que explicó que la reunión fue de carácter técnico y que se basó en discutir posibles soluciones al caso de los "hoteles ilegales", analizando el artículo 18 de la Ley de Medidas Urgentes.
"Hemos llegado a la conclusión de que hay que estudiar individualmente cada caso para tomar una decisión. Los hoteles que se adhieran a la legalidad se mantendrán y los que no lo hagan se derribarán", ha manifestado Gladys Acuña.