Las leyes de ordenación del territorio de Canarias contemplan la categoría de asentamiento agrícola que se aplica a los lugares en los que los agricultores se han edificado su vivienda en el suelo de su finca. Se trata de edificaciones residenciales dispersas y de pequeña entidad, relacionadas con la actividad agropecuaria que se lleva a cabo en la zona donde se levantan. Esta categoría de suelo no está reconocida en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, por lo que los agricultores de la isla, se encuentran serios problemas para edificar en sus fincas.
El convenio firmado este miércoles por Inés Rojas y los alcaldes de los siete Ayuntamientos establece unos criterios de ordenación de este tipo de asentamientos basados en que "el uso residencial se considerará como uso complementario y vinculado a la explotación agrícola o ganadera existente", siempre que estas viviendas sean "de tipo unifamiliar y aislado", por lo que solamente admite una vivienda por parcela.
Con este convenio, según el Cabildo y tal y como reza en el convenio rubricado este miércoles en el salón de Plenos, se viene a dar respuesta al desarrollo que ha tenido en las últimas décadas la edificación ligada a las actividades agropecuarias en suelo rústico que además, "ha servido como principal elemento para la recuperación y mantenimiento del paisaje agrícola insular".
La falta de reconocimiento hasta ahora de estos asentamientos viene, según explican en el Cabildo, por la situación de inadaptación del PIOL a las leyes de Canarias, lo que ha producido "una patente inseguridad jurídica" a los titulares de las edificaciones situadas en fincas que registran actividades agropecuarias. Eso sí, estas edificaciones tiene que cumplir una serie de requisitos como el mantenimiento de la estética a la tipología tradicional de la zona, entre otros.
Los criterios en los que se ha basado este convenio, serán incluidos en la futura modificación del Plan Insular de Lanzarote.
