Según la presidenta del Cabildo, Manuela Armas a través de este acuerdo, ambas administraciones persiguen "alcanzar una mayor transparencia informativa". Así, desde los Registros de la Propiedad facilitarán el acceso a una información administrativa más completa asociada a cada bien inmueble a toda persona o entidad que lo solicite. Esta información incluye las limitaciones o infracciones urbanísticas a la Ley de Costas o medioambientales, así como por extracciones de áridos, vertidos al mar, etc.
De este modo, según informaba la primera Institución se quiere contribuir a "garantizar la plena eficacia de todas aquellas limitaciones, actos administrativos firmes, además de garantizar el cumplimiento de deberes de carácter territorial y ambiental impuestos sobre fincas determinadas". Además, mediante el convenio se informará a tiempo al Cabildo a fin de que desde la primera Institución de la Isla pueda ejercer los derechos de tanteo y retracto previstos en la legislación de espacios naturales.
Igualmente, con el convenio se mejorará la interrelación y la comunicación entre la propia Corporación insular y los dos Registros que existen en la Isla. Ya que en la actualidad, y gracias a avances tecnológicos como la cartografía digital, es mucho más sencillo compartir este tipo de información y documentación, evitando así posibles conflictos y confusiones en esta materia.
Esta cooperación institucional además posibilitará a través de la constancia registral de las resoluciones administrativas relativas al destino turístico de las fincas, reforzar el control de la Administración Insular en los cambios que en dicho destino puedan pretenderse por sus propietarios, en aplicación del principio constitucional que subordina el derecho de propiedad a su función social.
Por otro lado, tras la rúbrica de este convenio, se constituirá una comisión de seguimiento encargada de velar por una correcta puesta en marcha de las acciones programadas a tales fines y efectos.
