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Las alegaciones se centran en dos artículos. Sobre el punto 4, que asigna una potencia máxima conjunta de 155 MW a las islas de Fuerteventura y Lanzarote los consejeros consideran que pese a estar unidas ambas islas con un cable submarino que las convierte en un único sistema eléctrico "debe separarse la potencia con arreglo al consumo actual porque también se hizo así para el concurso de adjudicación de potencia con 32 MW para Lanzarote y 27 MW a Fuerteventura", dijo el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez.
Con relación al artículo 8, que establece que los titulares de instalaciones receptoras que consuman electricidad podrán optar a instalar parques eólicos asociados a esas instalaciones o a ampliar los que tengan en funcionamiento a través del correspondiente concurso, siempre que la potencia total de la instalación eólica resultante no supere en dos veces la potencia controlada ni en dos veces la potencia en receptores instalados; los consejeros determinaron que no sea necesario acudir a concurso público y que baste con tramitar el correspondiente anteproyecto ante la Consejería de Industria para que lo autoricen.
Mario Pérez justifica esta decisión "porque tenemos que fabricar agua en todas las islas, mientras que en el resto del país la tienen de forma abundante y natural y la Orden Ministerial establecía que los parques eólicos de autoconsumo podían verter a la red hasta el cincuenta por ciento de la energía generada en cómputo anual, pues aunque instalen doble potencia, puede que no sea suficiente ni para cubrir su propio consumo".
