La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las prospecciones petrolíferas en Canarias "no evalúa ni se pronuncia sobre el riesgo de derrame por accidente en el pozo de perforación y lo remite al criterio de la propia multinacional petrolífera Repsol". Eso es lo que denuncia el Cabildo de Lanzarote tras analizar esta resolución, que ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado
Para el Cabildo de Lanzarote, "la publicación de esta DIA en la jornada en la que se reúnen los magistrados puede suponer una burda manera de influir sobre el Tribunal Supremo, dándole a entender que las operaciones no tienen ningún peligro, y esto es absolutamente inaceptable".
La autorización definitiva debe ser ahora concedida por el Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria. "Será este Ministerio el responsable de conceder una autorización sobre unos proyectos petrolíferos sobre cuyos riesgos de accidentes no se pronuncia la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente", advierte el Cabildo.
Además, cuestiona que la DIA conocida este martes "tampoco valora el impacto social de estos proyectos, pese a que hace apenas 72 horas las islas acogieron la mayor manifestación popular de su historia en contra de las actividades petrolíferas de la multinacional Repsol"; y pese a "la existencia de múltiples informes que denuncian la afección al sector turístico y a la población en general a través de los sistemas de desalación de agua que abastecen al 100% de la población de las dos islas orientales".
El Ministerio "desliga el riesgo de accidentes"
"De un primer análisis del documento publicado, se desprende que desligan el riesgo de accidentes del proyecto y no establecen medidas obligatorias sino meras recomendaciones", advierten desde el Cabildo.
"De esta forma, la DIA no se pronuncia sobre dicho riesgo y no señala las condiciones que deban establecerse para casos de derrame accidental, sino unas meras recomendaciones y siempre de acuerdo con lo que proponga el promotor, no el propio Ministerio", insisten.
Al respecto, las instituciones canarias subrayan que la propia legislación española sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental, en el Real Decreto Legislativo 1/2008, "establece que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que indicar claramente las condiciones que deben establecerse para una adecuada protección del medio ambiente, en lugar de dejarlas a criterio de la multinacional petrolera, como se hace en este caso".
Escenarios de alto riesgo en caso de derrame
Aunque desde Canarias se viene reclamando un estudio de los riesgos en caso de derrame accidental de al menos 30.000 barriles diarios, "atendiendo a la opinión de los especialistas internacionales y de la experiencia del accidente del Golfo de México en 2010", finalmente el Ministerio de Medio Ambiente dio por bueno un estudio que contempla sólo un vertido de una décima parte.
"Así y todo", señalan desde el Cabildo, "la propia simulación en laboratorio costeada por Repsol indica que para un escenario de un derrame accidental en verano de 3.000 barriles por día, la marea de petróleo llegaría en un 85% de los casos a Fuerteventura, en un tiempo estimado inferior a 48 horas. En invierno la probabilidad de llegada de la marea negra a Fuerteventura es del 71%, en poco más de 48 horas".
Para Lanzarote, indica una probabilidad de llegada a la costa del 28% (y 3’5 días) en verano y del 2’6% (y 37 días) en invierno. "El resto de islas y la costa africana no se librarían sin embargo de los efectos de la marea negra: antes o después su extensión alcanzaría a prácticamente todos los rincones", agregan las instituciones canarias.
Además, insisten en que "en vista de que la profundidad, la presión y la complejidad operativa que de algunos de los pozos de aguas profundas pueden ser iguales o mayores que el de Macondo (derrame del Golfo de México, 2010), un peor supuesto posible de derrame más verosímil para el proyecto de prospección en las Islas Canarias sería 30.000 barriles/día durante 60 días, es decir, 1,8 millones de barriles en total", que es una cifra "muy superior al peor supuesto previsto en el EIA que Repsol y el Ministerio tramitaron".
