El Cabildo de Lanzarote califica de "incomprensible" la actitud del presidente de la Cruz Roja en Lanzarote, Rafael Hernández, porque el Consorcio insular de Seguridad, Emergencia, Prevención y Extinción de Incendios "ha cumplido" con los compromisos adquiridos con la ONG.
Hernández denunció recientemente en La Voz de Lanzarote que la Administración mantenía una deuda de hasta 300.000 euros por los servicios de los últimos nueve meses y advirtió que de no ingresar dicha cantidad, Cruz Roja retiraría la vigilancia de las playas de la Isla.
La Institución recuerda en un comunicado que el pasado 14 de Julio el presidente insular, Pedro San Ginés, se reunió con el jefe provincial de la entidad, Juan Lorenzo, y estableció "la necesidad" de solventar la deuda contraída hasta la fecha que, según añade, ascendía a 85.000 euros pendientes de liquidación del ejercicio 2010 y más de 240.000 euros correspondientes a los meses de enero a julio del presente año.
Asimismo, mantiene que San Ginés se comprometió a liquidarla "de inmediato" y de no incrementar más la contraída en el 2011 durante el periodo en que durase el programa de vigilancia de playas.
Asegura que "cumpliendo el acuerdo" se efectuó un pago de 85.000 el pasado 29 de julio. Una cantidad a la que, según según indica la Administración, "hay que añadir que el Consorcio ya había transferido, en febrero de 2011, otros 95.000 euros con cargo a la deuda de 2010.
Además, apunta que el compromiso no se ha incrementado "en un solo euro", por lo que se mantienen pendientes de liquidación un total de 240.283 euros. Hasta la fecha, el Consorcio ha abonado todos los 35.000 euros mensuales, realizando el último pago hoy, apostilla.
La presidenta del Consorcio de Seguridad y Emergencia, Mónica Álvarez, afirma haber trasladado en varias conversaciones con los miembros de Cruz Roja que "se está trabajando en un plan de pagos, a determinar hasta el 30 de noviembre, que permita a la institución liquidar, en la medida de lo posible con cargo al presupuesto de este año, dicha deuda".
El Consorcio estipula cerrar el programa de vigilancia de playas hasta el 31 de diciembre mediante la entidad o directamente a través de los Ayuntamientos, porque, según recuerda, el servicio no es una competencia del Cabildo. Sin embargo, asegura que las playas insulares "quedarán protegidas como hasta la fecha, en el caso de que dicha organización optase por retirarse de las mismas".
Álvarez apela a la "responsabilidad y a la seriedad de la organización de Cruz Roja y a su objeto social, al que le reconozco todo mi respeto, y a todos los voluntarios y trabajadores" y añade que la Organización "está por encima de las personas". Asimismo, señala que "el ultimátum" de Hernández a los Ayuntamientos, no se "había lanzado nunca antes en peores circunstancias que en la actual". Las Administraciones locales deben al Cabildo más de 800.000 euros, concluye.
ACN
