La Comisión Informativa de Aguas se ha reunido este viernes en sesión extraordinaria para dar cumplimiento a un acuerdo aprobado por unanimidad durante la celebración del último Pleno del Cabildo, en el que se decidió crear una Comisión de Investigación en el seno de la Corporación, para esclarecer todo lo relativo al proceso de construcción de la desaladora del Janubio, y para dirimir responsabilidades.
Durante la reunión han tenido lugar dos peticiones por parte de diferentes grupos políticos. En primer lugar, el Partido Popular ha planteado la posibilidad de que esta Comisión de Investigación sea presidida por un miembro de la oposición. Por otra parte, dos miembros del PIL y ApL han propuesto que "en vez de constituir una comisión estrictamente política, se puede suplementar la comisión que ya tenemos creada en Inalsa, formada por profesionales técnicos y jurídicos", según ha explicado el consejero delegado de la empresa pública de aguas, Mario Pérez. De momento, esta propuesta no podrá llevarse a cabo, a menos que se modifique el acuerdo plenario adoptado el pasado 28 de julio, ya que ambas comisiones están concebidas de forma independiente.
Tras la reunión, Mario Pérez ha indicado que se trasladará la información a los diferentes grupos políticos para que cada uno designe a su representante. De esta forma, se aprobará el reglamento y se constituirá la Comisión de Investigación.
De momento, y tal como ha explicado el consejero delegado de Inalsa, no se ha realizado ningún avance en el proceso judicial referente al Laudo dictado por el Tribunal Judicial de Las Palmas, por el que se obliga a Inalsa a pagar diez millones de euros, después de que la construcción de la desaladora del Janubio no se concluyera por no contar las licencias necesarias. "Estamos en la misma situación", ha apuntado Mario Pérez. "Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación oficial, a pesar de que algunos medios de comunicación se han hecho eco de que la demanda está en un juzgado de Las Palmas".
