La primera Corporación insular aprobó este viernes, en sesión ordinaria del Pleno, una moción dirigida a adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos. La moción respalda la propuesta aprobada por la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y añade algunas matizaciones para hacer más viable su cumplimiento. El acuerdo plenario incluye trasladar además dicha propuesta a la Federación Canaria de Islas (FECAI).
Cabe señalar que esta propuesta de respaldo a la emitida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y aprobada por la FECAM, se ha retrasado en su aprobación por parte de la primera Corporación lanzaroteña, porque hubo que adaptar el sentido inicial de la misma y su contenido a la propia Institución. El Cabildo no puede "eximir del pago de tributos", tal y como se recogía en la propuesta de apoyo inicial, ya que no es titular de los mismos ni administración competente para ello.
Por otra parte, la Corporación ha querido actuar con rigor sobre el sentido inicial y tenor literal de la propuesta. Ésta reivindicaba a las instituciones que rescindieran "todos los contratos con entidades financieras que ejecutaran desahucios", sin contemplar que puede haber ejecuciones hipotecarias justas por parte de la entidad bancaria por impagos intencionados e injustificables.
Por otro lado, para la aprobación de la moción se han considerado circunstancias como que Canarias es la quinta comunidad autónoma donde se han producido más desahucios en el primer trimestre del pasado año, con 2.193 desalojos, lo que supone 24 diarios. A esto hay que sumarle la condena financiera de por vida que supone un desahucio para las familias, debido a la actual Legislación Hipotecaria española que no contempla la dación en pago. Asimismo, se contempla el rechazo que esta normativa 'perversa' ha tenido tanto en el ámbito comunitario (Tribunal de Justicia de la Unión Europea,TUE) como en el entorno del poder judicial, ya que "vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas".
Partiendo de esta base y considerando el acuerdo unánime adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM el pasado 16 de noviembre en materia de desahucios, el Cabildo se suma a la FECAM en su respaldo a la PAH y en general, a todos los ciudadanos que vienen sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas, por desahucios judiciales. Cabe recordar, por otra parte, que el Cabildo ayudó a evitar el desahucio de más de 100 familias lanzaroteñas el pasado 2012 haciendo frente a algunos pagos, y a más de 30 familias en el mismo sentido en lo que llevamos de 2013.
La propuesta aprobada contempla la adopción por parte del Cabildo de Lanzarote de los siguientes compromisos:
· Mostrar el respaldo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en general, a todos los ciudadanos que vienen sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas, por desahucios judiciales.
· Mostrar el total apoyo a la tramitación de la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados para reclamar la dación en pago.
· Instar al Gobierno del Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario con el objetivo de limitar los efectos sociales de las ejecuciones causadas por el impago del crédito hipotecario.
· Reclamar a todos los grupos parlamentarios presentes en las Cortes Generales la introducción de las modificaciones necesarias, durante la tramitación del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, al objeto de que la norma amplíe su ámbito de aplicación cubriendo las insuficiencias actuales.
· Demandar de las entidades bancarias y financieras el establecimiento de los mecanismos necesarios para favorecer la transparencia y la información a disposición de los ciudadanos con relación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios, en particular en materia de seguros de protección de pagos que cubran las contingencias de desempleo o incapacidad temporal del prestatario.
· Instar al Gobierno del Estado, a la Comunidad Autónoma de Canarias, a los Cabildos Insulares y a los Ayuntamientos a incrementar las ayudas al alquiler, como está haciendo el Cabildo de Lanzarote, de cara a apoyar a los ciudadanos que finalmente pierdan sus viviendas.
· Más allá de las medidas de competencia estatal, establecer las medidas a emprender a nivel insular. Partiendo de la base de que se debe actuar paralelamente a nivel judicial y a nivel social.
· Extinguir aquellos contratos y la retirada de los fondos que pudiera disponer el Cabildo de Lanzarote en aquellas entidades financieras que a partir de la fecha del presente acuerdo continúen realizando determinadas ejecuciones hipotecarias, previo informe técnico de Bienestar Social que consideren desahucios injustos socialmente, informe positivo de los Servicios Jurídicos y Fiscalización Económica.
· Remitir el presente acuerdo al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, a todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a la Presidencia del Parlamento de Canarias, a la FECAI, a la FECAM, y a las asociaciones que representan al colectivo de Bancos y Cajas de Ahorros, a la PAH y a las asociaciones vecinales de los municipios.
