Partido Popular, PIL y Alternativa Ciudadana consideran que la planta es ineficazporque no clasifica más del 10% de toda la basura que se genera e la isla y además, supone un gasto de más de 3 millones de euros al año para el Cabildo según el portavoz del PP Francisco Cabrera.Esta ampliación del contrato va a suponer una inversión en la planta de 4.582.000 de euros.
Miguel Ángel Leal, responsable del tratamiento de residuos sólidos, afirma que esta inversión es imprescindible para cumplir la normativa europea, que prohíbe a partir de 2009 enterrar basuras y además pondrá en marcha la planta de biometanización, con la que fabricar gas convertible en energía eléctrica, y la planta de compostaje.
El Grupo de Gobierno afirma que está en trámites con el Gobierno de Canarias y la Unión Europea para que aporten el coste de la inversión y asegurar que el pago de intereses y amortización del crédito necesario para realizar la inversión, lo asume la empresa gestora de la planta, Unión Temporal de Empresas, que a cambio, se quedará con los beneficios de la venta del futuro gas metano a la eléctrica UNIELCO-ENDESA.
La oposición se muestra de acuerdo en que hay que abordar el problema de los residuos en la isla, pero de otra forma. Piden que se rescinda el contrato con la empresa U.T.E. (Unión Temporal de Empresas) porque se le está pagando por una cantidad de residuos sólidos tratados que no está cumpliendo y por una planta de biometanización que no está funcionando.
Por su parte Miguel Ángel Leal, asegura que ya el ex presidente del Cabildo, Dimas Martín, no debió firmar la recepción de la planta sin que el Gobierno de Canarias la pusiera en marcha antes y afirma que el actual acuerdo está en funcionamiento hasta 2011, por lo que cuando él llegó a la consejería de Residuos Sólidos, "el Cabildo ya estaba hipotecado hasta esta fecha, todas las concesiones se hacen a largo plazo".
Uno de los argumentos en los que se apoya la oposición, es que el informe del Interventor del Cabildo, fechado el pasado mes de marzo, desaconseja la modificación y ampliación del contrato porque considera que "la planta es claramente insuficiente desde el día de su inauguración" y por tanto no requiere esa modificación por necesidades nuevas o causas imprevistas como indica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Un segundo informe encargado por Miguel Ángel Leal elaborado por un ingeniero industrial y un arquitecto técnico, rebate lo expuesto por el Interventor y asegura que "el aumento desmesurado de la población generadora de residuos en la isla" así como la entrada en vigor "de la normativa relativa al depósito de residuos en vertedero, que limita las cantidades de residuos sin tratar que pueden enterrarse", son necesidades nuevas o causas imprevistas que, entre otras razones argüidas en el informe, justifican la ampliación y modificación del contrato vigente.
Para Pedro Hernández, consejero de Alternativa Ciudadana, "lo que van a hacer es seguir enterrando el dinero de la isla y continuar con una forma de tratar los residuos sólidos equivocada" y añade que "nadie en su sano juicio ampliaría ese contrato". Por su parte, el portavoz popular Francisco Cabrera está "de acuerdo en que hay que abordar el tratamiento de los residuos, pero no hipotecando a este Cabildo".
