"Lamentable e incalificable". De esta manera catalogaban la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Inés Rojas, y el consejero de Política Territorial, Mario Pérez, la concesión de una licencia, por parte del Ayuntamiento de Yaiza, a Residencial Costa Roja S.L., para la construcción de un complejo residencial con 1008 viviendas y 220 locales comerciales, en la zona conocida como Cortijo de Costa Roja.
Rojas y Pérez coinciden al asegurar que el Cabildo va a actuar con "la mayor rigurosidad, contundencia y celeridad" para frenar lo que califican como "atentado" contra los intereses y el modelo de crecimiento de la Isla. "No podemos permitir", continuaba el consejero de Política Territorial, "que quede impune la vulneración de los principios que ha defendido el Cabildo de Lanzarote sobre contención del crecimiento y desarrollo urbanístico".
Después de conocer estos hechos a través de la edición impresa de La Voz de Lanzarote, Mario Pérez manifestaba su sorpresa e incredulidad ante este hecho, toda vez que "el alcalde de Yaiza ha vulnerado su obligación de informar al Cabildo de Lanzarote sobre la concesión de licencias urbanísticas, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero es que además, el Ayuntamiento ha obviado, en todo momento, el Plan Insular de Ordenación del Territorio, vigente desde el año 1991, y que es la norma de rango superior en cuanto a ordenación del territorio".
Según el equipo técnico del área de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, la licencia concedida a Residencial Costa Roja S.L. vulnera flagrantemente la ordenación territorial y urbanística vigente. El referido proyecto se sitúa fuera del ámbito de los planes y urbanizaciones turísticas actualmente existentes en Playa Blanca y reconocidos y regulados por el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Se asienta, asimismo, sobre suelo clasificado como reserva urbana (análogo al actual suelo urbanizable) en el Plan General de Yaiza de 1973 (plan no adaptado a la legislación sobrevenida en los últimos 30 años), por lo que su régimen jurídico es el del suelo rústico de protección territorial en tanto no sea objeto de ordenación pormenorizada.
En el suelo rústico de protección territorial sólo son autorizables usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizados con materiales fácilmente desmontables. Además, la no adaptación del planeamiento municipal impide, por aplicación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003, que se pueda aprobar plan parcial alguno que pormenorice la ordenación en la zona donde se ha autorizado este proyecto básico.
Inés Rojas y Mario Pérez aseguran que "la obligación del Cabildo de Lanzarote es la de cumplir y hacer cumplir la Ley. Recurriremos esa licencia porque es nuestra obligación y nuestro compromiso con la sociedad de esta Isla. Como Institución, haremos todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance, para que no se construya ese complejo en Yaiza".
El PSOE reclama la vía penal
Por su parte, el PSC-PSOE de Lanzarote afirma en una nota de prensa que "considera de extrema gravedad la noticia publicada en la edición del 16 de febrero por el semanario La Voz de Lanzarote, que asegura que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió por decreto una licencia para construir un complejo residencial en Playa Blanca, basando la Oficina Técnica su informe favorable en el Plan General de Ordenación de Yaiza de 1973". Tras la confirmación de estos hechos por el Cabildo, los socialistas han anunciado que exigirán al Pleno "que emprenda medidas, no ya de carácter administrativo, sino penal, ante la evidente conculcación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote, vigente desde el año 1991 y de la suspensión de licencias urbanísticas decretada por la primera Corporación en tanto se aprueba el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT)".
La licencia otorgada por Reyes permite la construcción de 1008 viviendas y 220 locales en la zona conocida como Cortijo de Costa Roja, sobre un millón de metros cuadrados, que podrían alojar hasta a 4.000 residentes. La zona carece por completo de proyecto de dotación, por lo que el complejo no dispondría de servicios públicos de agua, luz o saneamiento.
Además, y tal como ya se apunta en la noticia de La Voz, los socialistas subrayan que tras la aprobación del permiso, que se ratificó el pasado 5 de diciembre por decreto del alcalde, el Cabildo no fue informado de la concesión de la licencia, según exige el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como tampoco se ha hecho hasta la fecha con el Pleno de la Corporación sureña.
