El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote aprobó el martes el procedimiento para enviar a los juzgados los informes de compatibilidad sobre los hoteles ilegales de Yaiza, dentro de los procesos de ejecución de las sentencias. Ese procedimiento se basa en un dictamen elaborado por el Director Insular de Ordenación del Territorio, Rafael Martín.
Hay que recordar que el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas había dado un plazo de 20 días al Cabildo para que envíe un informe de compatibilidad de uno de los hoteles con el Plan Insular de Ordenación (PIOT). En lugar del informe de compatibilidad sobre el hotel, que debe ser positivo o negativo, el Cabildo ha remitido al Juzgado un nuevo dictamen de Rafael Martín de 35 folios, en el que explica el procedimiento que van a seguir y los motivos.
Tras la anulación de cerca de 30 licencias para hoteles y complejos en la isla por los pleitos que puso el Cabildo, la Fundación César Manrique (FCM), que se había personado en la causa, instó a que se ejecutaran las sentencias. En ese proceso de ejecución los promotores tienen que intentar conseguir de nuevo la licencia y para ello, deben recabar informes de los ayuntamientos, pero también del Cabildo, que debe hacer uno de compatibilidad del proyecto con el PIOT. Hasta ahora todos han sido negativos.
En el dictamen se especifica que el informe de compatibilidad deberá ser técnico y jurídico, que será preceptivo pero no vinculante, que lo debe firmar el Consejo de Gobierno y que debe limitarse "a señalar que cualquier actuación debe inscribirse en el contexto de la ejecución de la sentencia que proceda, pues sin tal ejecución previa no es posible jurídicamente realizar actuación alguna".
El Cabildo alega ahora que debe aclararse con carácter previo a la emisión de esos informes "la deficiente situación de precariedad en la que se encuentra la información objetiva sobre los instrumentos de desarrollo de cuya constancia fehaciente adolece este Cabildo". Es decir, que no puede contrastar objetivamente si los proyectos de los hoteles cumplen o no con el Plan Insular porque no tiene garantías de que los planos de los planes parciales de Yaiza que están en poder del Cabildo se correspondan con lo que se aprobó en su momento.
Autenticidad
Dice el informe que "a día de hoy, y salvo prueba en contrario, no se dispone de documentos de los planes que nos ocupan debidamente diligenciados que nos puedan ofrecer garantía de autenticidad e integridad de lo que fuera objeto de aprobación en su día" y señala que "para alcanzar la certeza jurídica de la planimetría ha de seguirse para ello el procedimiento de tramitación de los planes previsto legal y reglamentariamente".
Apela a resolver el problema "desde la aprobación del Plan General de Yaiza", que se está actualmente tramitándose por parte del Gobierno canario. "Sería, en cualquier caso desde el nuevo Plan General de Ordenación, de carácter supletorio, del municipio de Yaiza, siempre dentro de los límites establecidos en la Ley de Medidas Urgentes, donde se pueda plantear una solución a ello", señala el dictamen.
Al gobierno
Otra de las conclusiones es pedir esos planos al Gobierno de Canarias. El Consejo de Gobierno ha aprobado "solicitar formalmente a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias la remisión de una copia compulsada de todos aquellos instrumentos de ordenación y de desarrollo relacionados en el informe del Director General de Ordenación Territorial, de cuya constancia fehaciente obra en sus archivos, para su incorporación al Archivo de esta Corporación a los efectos oportunos".
En el dictamen habla en varias ocasiones de que existe una situación de inseguridad jurídica. "Cabe deducir que genera una situación de inseguridad jurídica a la que sólo el planeamiento en trámite pude dar una respuesta eficaz y sólida y; en este sentido, se propone la adopción de cuantas iniciativas y actuaciones se consideren oportunas en orden al impulso de su tramitación", dice el dictamen. También se habla de "la constatación objetiva de una realidad jurídica altamente compleja", y que la situación "afecta gravemente al devenir de una sociedad, necesitada, por lo demás, de un marco de seguridad jurídica que a día de hoy se evidencia precario".
SG-ACN Press
