La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Inés Rojas, y el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Carlos Espino, informaron este jueves a este diario a través de un comunicado de prensa de que los servicios jurídicos internos y externos del Cabildo ya están estudiando detenidamente el contenido del fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estima un recurso presentado por los promotores del Plan Especial del Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja, considerando que "existe causa de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia".
En la nota de prensa del Cabildo, que enlaza con lo que ya se había expuesto anteriormente cuando se dio en principio por concluido con el largo proceso abierto con el único Plan Parcial que cuenta con sentencia contraria a los intereses de la Primera Corporación insular, se explica que la condición en cuestión otorga a los promotores un plazo de 30 días para presentar un informe detallado y pormenorizado de lo que, a su juicio, entienden como indemnización.
A la conclusión de ese plazo, "se abrirá un nuevo periodo de tiempo en el que los técnicos del Cabildo de Lanzarote y los del Gobierno de Canarias podrán elaborar un contrainforme que acote los conceptos del estudio que presenten los promotores".
Al comienzo de la legislatura, cuando se conoció la última sentencia que daba la razón a los promotores del Plan Parcial, el Cabildo ya anunció que no recurriría la decisión al considerar que los derechos indemnizatorios que se reconocían a los promotores nada tenían que ver con sus pretensiones iniciales, establecidas en el precio de mercado que habrían adquirido los terrenos y lo construido en ellos en la actualidad.
Origen de la información
La respuesta del Cabildo, aunque no lo especifique en el comunicado de prensa enviado a los medios, surge como consecuencia de la información publicada en el diario provincial Canarias 7 en su edición de este jueves. En ella, su redactor de tribunales explica que el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias tendrán que hacer frente a una indemnización millonaria (más de 30 millones de euros) ante la imposiblidad de ejecutar la sentencia que anulaba artículos del PIOT en Montaña Roja. Y lo hace aludiendo a que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado parcialmente el recurso presentado por Club Lanzarote -entidad promotora del Plan Especial del Centro de Interés Turístico Nacional Montaña Roja- y ha estimado que existe "causa de imposibilidad legal" de ejecución de la sentencia, lo que permite a Club Lanzarote presentar una liquidación justificada y pormenorizada de la indemnización que considera que le corresponde.
En la información de este medio se especifica que el auto mediante el que la Sala estima parcialmente el recurso pone fin a un largo procedimiento judicial y abre los plazos para la liquidación de la indemnización, que tendrá que ser abonada de forma solidaria por el Cabildo de Lanzarote y por el Gobierno de Canarias. La decisión de la Sala resuelve un recurso de Club Lanzarote contra una anterior resolución que había declarado que no existía imposibilidad legal para ejecutar la sentencia de la Sala de 2 de febrero de 1998. El auto ahora anulado no reconocía el derecho de Club a indemnización.
Canarias 7 añade que según la resolución de la Sala, en 1987, cuando se hizo público el avance del PIOT, Club Lanzarote había invertido cerca de 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) en Montaña Roja. Entonces, explica, el PIOT disminuyó la edificabilidad y el número de camas sin compensación alguna. En 1996, un perito imparcial, José Miguel Díaz, valoró el aprovechamiento urbanístico reducido en 5.400 millones de pesetas (más de 32 millones de euros).
