La asamblea de los trabajadores de los Centros Turísticos de Lanzarote acordó este lunes otorgar la "potestad" al Comité de Empresa para "interponer un preaviso de huelga cuando lo considere". En esa reunión de los empleados se decidió también dar por concluido el encierro que los trabajadores mantenían desde el pasado viernes en las oficinas centrales de los CACT. Además, la situación de estos empleados se ha tratado este martes en el Pleno del Cabildo. Varios miembros del Comité de Empresa de los Centros han acudido a esa sesión ordinaria, en la que el consejero ha asegurado que el personal de los Centros tiene derecho a lo recogido en 2 de los 4 artículos del decreto ley que los trabajadores reclaman que se les aplique.
Durante la sesión, el Partido Popular ha preguntado al grupo de Gobierno por la "situación" de los trabajadores. El consejero encargado de esta área, Echedey Eugenio, ha señalado este martes en Radio Lanzarote-Onda Cero que a los empleados pueden aplicárseles 2 de los 4 artículos que recoge el decreto; y en la misma línea se ha pronunciado en el Pleno horas después. En concreto, se trata de los artículos que hacen referencia a la devolución del 50 por ciento de la paga extraordinaria del año 2012 y a los días de asuntos propios, que pasarían de los 5 de que disfrutan ahora a 6. En cuanto a los otros dos puntos, Eugenio ha señalado que "los abogados de los Centros entienden que no son de aplicación" para estos empleados públicos, "porque el decreto habla de trabajadores de la Administración Central".
Esos 6 días de asuntos propios han de quedar reflejados en el convenio colectivo de los trabajadores, según ha indicado Eugenio. El consejero ha afirmado que ya el viernes la empresa pública accedió a ello y se planteó "una reunión de la mesa paritaria, que es la que tiene que decidir las interpretaciones del convenio colectivo para que el convenio recoja esos 6 días que establece el decreto que tienen que darse". Para Antonio Bonilla, que forma parte del Comité de Empresa, esto resulta "surrealista".
"No queremos modificar el convenio"
"Nosotros le decimos que no queremos modificar el convenio". "Si nos lo tiene que dar, que nos lo dé; y cuando salga un decreto que diga que nos lo tienen que quitar, que nos lo quiten", apunta, señalando que lo "único" que piden es que se aplique el decreto ley del pasado septiembre, del mismo modo que se les aplicó el del 28 de diciembre de 2012, "que nos quitaba muchas cosas".
En este sentido, el trabajador señala que con el decreto de 2012 pasaron de "una jornada de 35 horas semanales a 37 horas y media" (actualmente es de 40 horas), se les redujeron los salarios y se suprimió el 50% de su paga extraordinaria. Recalca además que entonces "la empresa lo publicó en los tablones y al día siguiente nos lo estaban descontando de la nómina" y, por tanto, sin modificar el convenio. "No fuimos a la huelga ni hicimos nada. La empresa ni siquiera avisó al Comité. Cuando era en detrimento nuestro no nos quejamos porque era un decreto ley y somos demócratas; y ahora volvemos a decir lo mismo", reivindica. Bonilla subraya también que en la actualidad disfrutan de 5 días de asuntos propios, a pesar de que "el convenio dice 4". Esto, explica, se debe a que se les aplicó otro decreto aprobado el año pasado que así lo recogía.
"El enconamiento estará en las 37 horas y media"
Para este empleado de los Centros Turísticos, el "enconamiento" estará en la negociación de una jornada de 37 horas y media a la semana. Ese es uno de los puntos recogidos en el decreto que el consejero ha afirmado que no puede aplicárseles. El otro aspecto es el "bloque" del decreto ley que establece que "por cada trienio corresponde un día más de vacaciones" al trabajador.
Sobre la jornada de 37 horas y media, Echedey Eugenio ha afirmado en Radio Lanzarote-Onda Cero que "los abogados de los Centros entienden que no es de aplicación a los Centros, primero porque el decreto habla de trabajadores de la Administración central y, segundo, porque el convenio fue firmado a posteriori y es una negociación entre las partes en la que las dos han firmado".
Bonilla ha explicado que, anteriormente, los empleados de los centros tenían fijada una jornada laboral de 35 horas semanales, hasta que "por un decreto, en el año 2012 nos lo subieron a 37 horas y media". "Después, por el convenio nos lo subimos a 40 horas, por responsabilidad. Dijimos que si la empresa estaba mal de momento lo subíamos, pero que si el Estado publicaba otro decreto, lo cumplieran", continúa. Así, para Bonilla, es este punto el que "no quieren cumplir".
Este empleado ha incidido también en que a la asamblea celebrada por los trabajadores este lunes no acudió el consejero. Echedey Eugenio había afirmado que los empleados le "negaron" este lunes la entrada a esa reunión. Bonilla, sin embargo, asegura que "por allí no fue, ningún trabajador lo vio".
Por último, Bonilla ha subrayado que "ningún trabajador" votó en contra de la decisión de dar permiso al Comité de Empresa para convocar un preaviso de huelga en esa reunión. En la asamblea, ha explicado, estuvieron presentes 68 empleados de los Centros y 9 miembros del Comité de Empresa. Todos votaron a favor a excepción de 3 personas que se abstuvieron. Bonilla señala que esas abstenciones no fueron "porque estuvieran en contra de la huelga", sino porque "no querían dar la potestad al Comité para poner el preaviso de huelga, sino poner ese preaviso una vez saliéramos de la asamblea, por ejemplo".
Informe en el último momento
De otra parte, Bonilla ha explicado que el grupo de Gobierno del Cabildo ha recibido un informe jurídico al respecto al final de la sesión. Ha señalado que ese informe, realizado por la empresa Garrigues, será estudiado "por los servicios jurídicos del sindicato".
A este miembro del Comité de Empresa le "asombra" la llegada de ese informe. Según relata, en la reunión que los trabajadores mantuvieron con la empresa el pasado viernes, estaba presente el responsable de Garrigues y "dijo que no podía tener un informe en esas condiciones en un tiempo largo". En aquel encuentro, los empleados dieron un "ultimátum" a la empresa para que se pronunciase "por escrito" sobre la aplicación de ese decreto. Fue precisamente la "negativa" de la dirección a concederles una respuesta escrita lo que les llevó a iniciar ese encierro.
